Constitución de Río Negro


CONSTITUCIÓN DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

DECLARACIONES GENERALES
– DERECHOS – GARANTIAS

Y RESPONSABILIDADES
(Primera parte)

DECLARACIONES GENERALES
(Sección primera)

DECLARACIONES DE
FE REPUBLICANA (Cap. I)

SISTEMA DE GOBIERNO

SOBERANIA POPULAR

SUPRESION DE TITULOS

PUBLICIDAD

JURAMENTO- Manifestación
de bienes

ENSEÑANZA DE LA
CONSTITUCION

VIGENCIA DE LA
CONSTITUCION

EL ESTADO PROVINCIAL
(Cap. II)

NOMBRE

LIMITES

REGION PATAGONICA

CAPITAL DE LA PROVINCIA-
Descentralización

CLAUSULA FEDERAL

INTERVENCION FEDERAL

DERECHOS,GARANTIAS
Y RESPONSABILIDADES(Sección Segunda)

DISPOSICIONES GENERALES
(Capítulo I)

OPERATIVIDAD

REGLAMENTACION
– Facultades implícitas

DERECHOS PERSONALES
(Capítulo II)

DIGNIDAD HUMANA

LIBERTAD PERSONAL-
Causales de detención

CONDICIONES DE
DETENCION

APLICACION DE LA
LEY PENAL

DERECHO A LA PRIVACIDAD

INVIOLABILIDAD
DEL DOMICILIO Y DOC.PRIV

DERECHO DE DEFENSA

SISTEMA CARCELARIO

DERECHO DE ASOCIACION
POLITICA

TITULARIDAD DE
LAS BANCAS

DERECHO DE INFORMACION
Y EXPRESION

DERECHO DE REPLICA

LIBERTAD DE CULTO

PROPIEDAD E INICIATIVA
PRIVADAS

DEFENSA DEL CONSUMIDOR

DERECHOS SOCIALES
(Capítulo III)

PROTECCION A LA
FAMILIA

IGUALDAD DE DERECHOS

AMPARO A LA NIÑEZ

FORMACION DE LA
JUVENTUD

DERECHOS DE LA
TERCERA EDAD

DISCAPACITADOS
– Excepcionales

BENEFICIOS IMPOSITIVOS

ACTIVIDADES SOCIALES

TRABAJO

DERECHOS DEL TRABAJADOR

DERECHOS GREMIALES

DERECHOS DE LOS
INDIGENAS

GARANTIAS PROCESALES
ESPECIFICAS (Cap. IV)

AMPARO – Hábeas
Corpus

MANDAMIENTO DE
EJECUCION

MANDAMIENTO DE
PROHIBICION

RESPONSABILIDADES
(Capítulo V)

DEBERES

POLITICAS ESPECIALES
DEL ESTADO (Segunda Parte)

POLITICA ADMINISTRATIVA
(Sección primera)

PRINCIPIOS

ESTATUTO

CARRERA ADMINISTRATIVA

INHABILIDADES

INGRESO – Estabilidad

CAPACITACION –
Participación

REMOCION

RESPONSABILIDADES
DE LOS AGENTES

RESPONSABILIDADES
DE LA PCIA. Y MUNICIP.

ACCION VINDICATORIA

CITACION A JUICIO

POLITICA PREVISIONAL
(Sección segunda)

PREVISION

SALUD

POLITICAS CULTURAL
Y EDUCATIVA (Sección tercera)

CULTURA Y EDUCACION

CULTURA

EDUCACION – Finalidad

POLITICA EDUCATIVA

PRESUPUESTO

GOBIERNO DE LA
EDUCACION

UNIVERSIDADES

POLITICA CIENTIFICA
Y TECNOLOGICA (Secc. cuarta)

INVESTIGACION CIENTIFICA

DESARROLLO TECNOLOGICO

SISTEMA PROVINCIAL
DE CIENCIA Y TECNOLOG.

POLITICA DE RECURSOS
NATURALES (Sección quinta)

DOMINIO

REGIMEN DE AGUAS

RECURSOS ICTICOLAS

ACCESO Y DEFENSA
DE LAS RIBERAS

ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIMEN DE TIERRAS

BOSQUES

PARQUES

RECURSOS MINEROS

HIDROCARBUROS Y
MINERALES NUCLEARES

RECURSOS ENERGETICOS

PARTICIPACION EN
EMPRESAS NACIONALES

POLITICA DE COMUNICACION
SOCIAL (Sección sexta)

ESPECTRO DE FRECUENCIA

RADIODIFUSION Y
TELEVISION

POLITICA ECOLOGICA
(Sección séptima)

DEFENSA DEL MEDIO
AMBIENTE

CUSTODIA DE LOS
ECOSISTEMAS NATURALES

POLITICA ECONOMICA
(Sección octava)

PRINCIPIOS

FACULTADES COMPARTIDAS

SERVICIOS PROVINCIALES

SUJECION AL PLANEAMIENTO

PROPIEDAD – Expropiación

DEFENSA DE LA PRODUCCION

CREDITO

POLITICA FINANCIERA
(Sección novena)

TESORO PROVINCIAL

REGIMEN TRIBUTARIO

EMPRESTITOS

IMPUESTOS PARA GASTOS
DETERMINADOS

ATRIBUCIONES IMPOSITIVAS

CONTRATOS Y LICITACIONES

PRESUPUESTO

POLITICAS DE COOPERATIV.
Y MUTUALISMO(Secc.décima)

OBJETIVOS

LIBERTAD DE ASOCIAC.COOPERATIVA-Represent.

COOPERATIVAS

EDUCACION COOPERATIVA

POLITICAS DE PLANIF.Y
REGIONALIZAC.(Secc.undécima)

CONSEJO DE PLANIFICACION

FUNCIONES

INTEGRACION

REGIONES

REGIONALIZACION
DE LA ADMINISTRACION

PUBLICA PROVINCIAL

CONSEJOS REGIONALES

FUNCIONES

ENTES DE DESARROLLO

ORGANIZACION DEL
ESTADO (Tercera parte)

PODER CONSTITUYENTE
(Sección primera)

NECESIDAD DE LA
REFORMA

INTEGRACION

REQUISITOS – Inmunidades

INHABILIDADES –
Incompatibilidades

PROCLAMACION – Primera
reunión

ATRIBUCIONES

PLAZOS – Sanción

COLABORACION – Información

ENMIENDA – réndum

REGIMEN ELECTORAL
(Sección segunda)

SUFRAGIO

LEY ELECTORAL

PODER LEGISLATIVO
(Sección tercera)

DISPOSICIONES GENERALES
(Capítulo I)

DENOMINACION – Sede

INTEGRACION

CONDICIONES DE ELEGIBILIDAD

DURACION – Renovación
– Reemplazo

INHABILIDADES

INCOMPATIBILIDADES

INMUNIDADES

DESAFUERO

DIETA

AUTORIDADES (Capítulo
II)

PRESIDENTE

VICEPRESIDENTES
– Comisiones

COMISION PERMANENTE

SESIONES (Capítulo
III)

ORDINARIAS

EXTRAORDINARIAS

QUORUM

MAYORIA

CARACTER DE LAS
SESIONES

ATRIBUCIONES DE
LA LEGISLATURA (Capítulo IV)

DE LAS LEYES: FORMACION
Y SANCION (Capítulo V)

INICIATIVA

APROBACION

SANCION

EXCEPCIONES

PROMULGACION – Veto

INSISTENCIA

PROMULGACION PARCIAL

FORMULA

OBLIGATORIEDAD

REVOCATORIA

JUICIO POLITICO
(Capítulo VI)

FUNCIONARIOS INCLUIDOS

DENUNCIA

COMPOSICION

SALA ACUSADORA

PROCEDIMIENTO

SUSPENSION

COMISION ACUSADORA

PROCEDIMIENTO

GARANTIA DE DEFENSA

VOTACION

FALLO

ORGANOS DE CONTROL
EXTERNO (Capítulo VII)

TRIBUNAL DE CUENTAS
– Integración

REQUISITOS

ATRIBUCIONES

FISCAL DE INVESTIGACIONES
ADMINIST.-Func.

REQUISITOS

DISPOSICIONES COMUNES

DEFENSOR DEL PUEBLO

REQUISITOS -Condic.-Durac.-Informe
anual

REGLAMENTACION

PODER EJECUTIVO
(Sección cuarta)

DISPOSICIONES GENERALES
(Capítulo I)

GOBERNADOR Y VICEGOBERNADOR

CONDICIONES DE ELEGIBILIDAD

INHABILIDADES

ELECCION

DURACION DEL MANDATO

REELECCION

JURAMENTO

INMUNIDADES

AUSENCIAS

EMOLUMENTOS -Incompatibilidades

ACEFALIA

ATRIBUCIONES (Capítulo
II)

DEL GOBERNADOR

DEL VICEGOBERNADOR

MINISTROS (Capítulo
III)

FUNCIONES

REQUISITOS -Inmunidades

RESPONSABILIDAD

FACULTADES

SUPLENCIA

PROHIBICION

REMUNERACION

ORGANOS DE CONTROL
INTERNO (Capítulo IV)

FISCALIA DE ESTADO
-Funciones

CONTADURIA GENERAL
-Funciones

REQUISITOS

DESIGNACION – Duración
– Remoción

COMISION DE TRANSACCIONES
JUDICIALES -Func.

REGLAMENTACION

PODER JUDICIAL (Sección
quinta)

DISPOSICIONES GENERALES
(Capítulo I)

UNIDAD DE JURISDICCION

COMPOSICION

INHABILIDADES

INHAMOVILIDAD E
INMUNIDADES

DEBERES

PROHIBICIONES

SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTICIA (Capítulo II)

INTEGRACION

REQUISITOS

DESIGNACION

DESTITUCION

ATRIBUCIONES

COMPETENCIA

ABROGACION

TRIBUNALES DE GRADO
(Capítulo III)

ORGANIZACION Y COMPETENCIA

REQUISITOS

DESIGNACION -Remoción

JUSTICIA ESPECIAL
LETRADA

JUSTICIA ELECTORAL

JUSTICIA DE PAZ

MINISTERIO PUBLICO
(Capítulo IV)

ORGANIZACION

REQUISITOS

DESIGNACION Y REMOCION

FUNCIONES

ASISTENCIA

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
(Capítulo V)

COMPOSICION -Funcionamiento

ELECCION DE LOS
MIEMBROS

FUNCIONES

IMPERIO DE FALLOS
-POLICIA JUDICIAL(Cap. VI)

AUTARQUIA PRESUPUESTARIA
(Capítulo VII)

PODER MUNICIPAL
(Sección sexta)

REGIMEN MUNICIPAL
(Capítulo I)

AUTONOMIA

MUNICIPIOS

LIMITES -Ejidos
colindantes

CARTA ORGANICA

ATRIBUCIONES

TESORO MUNICIPAL

COPARTICIPACION
– Ley Convenio

MUNICIPIOS SIN CARTA
ORGANICA (Capítulo II)

REGIMEN LEGAL

GOBIERNO MUNICIPAL

REQUISITOS -Inhabilidades

INMUNIDADES

TRIBUNAL DE CUENTAS

REGISTROS ELECTORALES
-Extranjeros

DERECHOS DE LOS
ELECTORES

JUNTAS ELECTORALES
-Atribuciones

JUNTAS VECINALES

COMUNAS (Capítulo
III)

NORMAS COMPLEMENTARIAS

DISPOSICIONES COMUNES

NORMAS DE INTERPRETACION

REIVINDICACIONES
PROVINCIALES

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

CORRESPONDIENTES
AL ART. 11

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

CORRESPONDIENTES
AL PODER JUDICIAL

DISPOSICIONES
COMPLEMENTARIAS Y TRANSITOR
.

DEL REGIMEN MUNICIPAL

PLAZOS LEGISLATIVOS

NORMAS FINALES

 

 

CONVENCION CONSTITUYENTE

PREAMBULO

Los representantes del Pueblo de la Provincia de Río
Negro, reunidos en Convención Constituyente, ratificando su indisoluble
pertenencia a la Nación Argentina y como parte integrante de la Patagonia,
con el objeto de garantizar el ejercicio universal de los Derechos Humanos
sin discriminaciones, en un marco de ética solidaria, para afianzar el
goce de la libertad y la justicia social, consolidar las instituciones
republicanas reafirmando el objetivo de construir un nuevo federalismo
de concertación, consagrar un ordenamiento pluralista y participativo
donde se desarrollen todas las potencias del individuo y las asociaciones
democráticas que se da la sociedad, proteger la salud, asegurar la educación
permanente, dignificar el trabajo, promover la iniciativa privada y la
función social de la propiedad, preservar los recursos naturales y el
medio ambiente, descentralizar el Estado haciendo socialmente eficiente
su función, fortalecer la autonomía municipal y el equilibrio regional,
lograr la vigencia del bien común y la paz bajo la protección de Dios,
ordenamos, decretamos y establecemos esta Constitución para la Provincia
de Río Negro.-

PRIMERA PARTE

DECLARACIONES GENERALES
– DERECHOS – GARANTIAS Y RESPONSABILIDADES

SECCION PRIMERA

DECLARACIONES GENERALES

CAPITULO I

DECLARACIONES DE FE REPUBLICANA

SISTEMA DE GOBIERNO

Artículo 1.- La Provincia de Río
Negro, en ejercicio de su autonomía y como parte integrante de la Nación
Argentina, se dicta su Constitución y organiza sus instituciones bajo
el sistema republicano y democrático de gobierno, según los principios,
derechos, deberes y garantías consignados en la Constitución Nacional.

SOBERANIA
POPULAR

Artículo 2.- El poder emana del Pueblo,
quien delibera y gobierna por medio de sus representantes y autoridades
legalmente constituídas, con excepción de los casos del referéndum, consulta,
iniciativa y revocatoria populares.

A toda persona con derecho a voto le asiste el derecho
a iniciativa ante los cuerpos colegiados para la presentación de proyectos.

SUPRESION
DE TITULOS

Artículo 3.- Quedan suprimidos los
títulos honoríficos a los funcionarios, cualquiera sea su investidura.

PUBLICIDAD

Artículo 4.- Todos los actos de gobierno
son públicos.

Son publicados íntegramente los que se relacionancon
la renta y los bienes pertenecientes al gobierno provincial y municipal.

JURAMENTO
– MANIFESTACION DE BIENES

Artículo 5.- Los magistrados y funcionarios,
electivos o no, incluso los pertenecientes a las intervenciones federales,
están obligados en el acto de su incorporación, a prestar juramento de
desempeñar debidamente el cargo y de obraren todo de conformidad a lo
prescripto por esta Constitución.

Las personas mencionadas en el párrafo anterior están
obligadas a manifestar sus bienes al ingreso, bajo apercibimiento de no
recibir emolumento y de cesar en el cargo; y al egreso, de negarle beneficio
previsional. La manifestación de bienes comprende también la del cónyuge
y personas a su cargo, conforme la reglamentación.

ENSEÑANZA DE LA CONSTITUCION

Artículo 6.- El estudio de la Constitución
será materia obligatoria en todos los niveles de la educación oficial
de la Provincia, exaltando su espíritu y normativa.

VIGENCIA DE LA CONSTITUCION

Artículo 7.- En ningún caso y por
ningún motivo el Pueblo y las autoridades de la Provincia pueden suspender
elcumplimiento de esta Constitución, ni la de la Nación o la efectividad
de las garantías establecidas en ambas.

Es deber de los habitantes de la Provincia defender
la efectiva vigencia del orden constitucional y de sus autoridades legítimas.
Carece de validez jurídica cualquier disposición adoptada por imposición
de fuerza armada.

A los efectos penales y formales, los fueros, inmunidades
y prerrogativas procesales de los funcionarios electos se consideran vigentes
hasta la finalización de sus períodos, conforme a esta Constitución, cuando
fueren destituídos por actos o hechos no previstos por la misma. Son insanablemente
nulas las condenas penales que se hubieren dictado o se dictaren en contravención
a esta norma.

Las personas que ejercieren funciones de responsabilidad
o asesoramiento político en los poderes de la Nación, de las provincias
o de los municipios, en gobiernos no constitucionales, quedan inhabilitados
a perpetuidad para ocupar cargos públicos, en la provincia o en sus municipios.
A los fines previsionales, no se computará el tiempo de sus servicios
ni los aportes que por tal concepto hubieren realizado.

CAPITULO II

EL ESTADO PROVINCIAL

NOMBRE

Artículo 8.- Las denominaciones adoptadas
sucesivamente desde 1884 para el ex-Territorio Nacional, a saber: "DE
RIO NEGRO" o "DEL RIO NEGRO", son nombres oficiales indistintos
para la designación de la Provincia.

LIMITES

Artículo 9.- Los límites del territorio
de la Provincia son los históricos fijados por la Ley Nacional No 1.532,
ratificados por la Ley Nacional No 14.408, abarcando además el subsuelo,
el Mar Argentino adyacente y su lecho, y el espacio aéreo correspondiente.

Su modificación requiere los votos favorables de los
cuatro quintos del total de los miembros de la Legislatura.

REGION PATAGONICA

Artículo 10.- La Provincia de Río
Negro declara su pertenencia a la región patagónica. El gobierno coordina
e integra prioritariamente sus políticas y planes con las provincias y
autoridades nacionales con asiento al sur de los ríos Barrancas y Colorado.

CAPITAL DE LA PROVINCIA
– DESCENTRALIZACION

Artículo 11.- La ciudad de Viedma
es la capital de la Provincia. Es el asiento de las autoridades provinciales,
conforme a esta Constitución.

Deja de ser capital cuando se efectivice el traslado
de las autoridades nacionales al nuevo Distrito Federal.

El gobierno promueve la modernización, la descentralización
administrativa y la planificación del desarrollo, contemplando las características
culturales, históricas y socioeconómicas de las diferentes regiones internas,
fortaleciendo el protagonismo de los municipios.

CLAUSULA FEDERAL

Artículo 12.- El gobierno provincial:

1. Ejerce los derechos y competencia
no delegados expresamente al gobierno federal.

2. Promueve un federalismo de concertación
con el gobierno federal y entre las provincias, con la finalidad de satisfacer
intereses comunes y participar en organismos de consulta y decisión, así
como establecer relaciones intergubernamentales e interjurisdiccionales,
mediante tratados y convenios.

3. Ejerce, en los lugares transferidos
por cualquier título al gobierno federal, las potestades provinciales
que no obstaculicen el cumplimiento de los objetivos de utilidad nacional.

4. Concerta con el gobierno federal
regímenes de coparticipación impositiva, promoción económica y descentralización
del sis tema previsional.

5. Gestiona la desconcentración y
descentralización de la administración federal.

6. Realiza gestiones y celebra acuerdos
en el orden internacional para satisfacer sus intereses, sin perjuicio
de las facultades del gobierno federal.

7. Acuerda su participación en órganos
que ejercen poderes concurrentes o regímenes concertados y en las empresas
interjusrisdiccionales o del Estado Nacional que exploten recursos en
su territorio.

8. Se reserva el derecho de solicitar
la celebración de un nuevo pacto federal, por no haber intervenido en
el Tratado del 31 de enero de 1831, ni en la sanción de la Constitución
Nacional.

INTERVENCION FEDERAL

Artículo 13.- Las funciones de las
intervenciones federales son exclusivamente administrativas, con excepción
de las que derivan del estado de necesidad.

Los actos administrativos que realizan las intervenciones
son válidos solamente cuando están conformes con esta Constitución y las
leyes que en su consecuencia se dicten. La

nulidad emergente puede ser declarada a instancia
de parte.

Los funcionarios y empleados designados por la intervención
federal quedan en comisión el día en que ésta cesa en sus funciones.

SECCION SEGUNDA

DERECHOS, GARANTIAS Y RESPONSABILIDADES

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

OPERATIVIDAD

Artículo 14.- Los derechos y garantías
establecidos expresa o implícitamente en esta Constitución tienen plena
operatividad sin que su ejercicio pueda ser menoscabado por ausencia o
insuficiencia de reglamentación. El Estado asegura la efectividad de los
mismos, primordialmente los vinculados con las necesidades vitales del
hombre. Tiende a eliminar los obstáculos sociales, políticos, culturales
y económicos, permitiendo igualdad de posibilidades.

REGLAMENTACION – FACULTADES
IMPLICITAS

Artículo 15.- Las declaraciones,
derechos y garantías que enumera esta Constitución, no podrán ser alterados
por las leyes que reglamenten su ejercicio, ni serán entendidos como negación
de otros derechos y garantías no enumerados, pero que nacen del principio
de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno.

CAPITULO II

DERECHOS PERSONALES

DIGNIDAD HUMANA

Artículo 16.- Se reconoce el derecho
a la vida y dignidad humana. Nadie puede ser sometido a tortura ni a tratos
crueles, degradantes o inhumanos. Los agentes públicos que los ordenen,
induzcan, permitan, consientan o no los denuncien, son exonerados si se
demuestra la culpabilidad administrativa, sin perjuicio de las penas que
por ley correspondan.

LIBERTAD PERSONAL – CAUSALES
DE DETENCION

Artículo 17.- Ninguna persona puede
ser detenida sin que preceda, al menos, una indagación sumaria, que produzca
semiplena prueba o indicio grave de la comisión de un delito, salvo el
caso de ser sorprendido in fraganti, en que puede ser aprehendida por
cualquier persona que deberá conducirla inmediatamente a presencia de
un juez o autoridad competente.

CONDICIONES DE DETENCION

Artículo 18.- Ninguna detención puede
prolongarse más de veinticuatro horas sin darse aviso al juez competente,
poniendo al detenido a su disposición.

Ninguna detención o arresto se hará en cárcel pública
destinada a los condenados, sino en otro local que se asignará a este
objeto. Las mujeres y menores serán alojados en

establecimientos especiales.

Los menores tienen como mínimo iguales garantías procesales
que las acordadas a los mayores de edad por esta Constitución y las leyes
que la reglamentan.

APLICACION DE LA LEY PENAL

Artículo 19.- Sólo pueden aplicarse
con efecto retroactivo las leyes penales más favorables al imputado. No
pueden reabrirse causas concluídas en materia criminal, excepto cuando
se tuviere prueba de la inocencia del condenado. Si dela revisión de una
causa penal resulta su inocencia, la Provincia indemniza los daños materiales
y morales causados, si hubiere culpa.

DERECHO A LA PRIVACIDAD

Artículo 20.- La ley asegura la intimidad
de las personas. El uso de la información de toda índole o categoría,
almacenada, procesada o distribuída a través de cualquier medio físico
o electrónico, debe respetar el honor, la privacidad y el goce completo
de los derechos. La ley reglamenta su utilización de acuerdo a los principios
de justificación social, limitación de la recolección de datos, calidad,
especificación del propósito, confidencialidad, salvaguarda de la seguridad,
apertura de registros, limitación en el tiempo y control público. Asegura
el acceso de las personas afectadas a la información para su rectificación,
actualización o cancelación cuando no fuera razonable su mantenimiento.

INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO
Y DOCUMENTOS PRIVADOS

Artículo 21.- El domicilio, los papeles
y registros de datos privados, la correspondencia epistolar y las comunicaciones
de cualquier índole son inviolables y sólo pueden ser allanados, intervenidos,
interceptados o registrados en virtud de orden escrita de juez competente
y siempre que mediare semiplena prueba o indicio grave de la existencia
de hecho punible.

El allanamiento de domicilio en horas de la noche
es excepcional. Sólo puede disponerse por motivo fundado y realizarse
con la presencia del juez, salvo imposibilidad justificada, en cuyo caso
delegará la diligencia en otro funcionario judicial.

Toda prueba obtenida en violación a lo aquí dispuesto
queda invalidada como tal.

DERECHO DE DEFENSA

Artículo 22.- Es inviolable la defensa
de la persona y de los derechos en todo procedimiento judicial o administrativo.

La ley asegura la defensa de todo indigente en cualquier
jurisdicción o fuero.

Los defensores no pueden ser molestados, ni allanados
sus domicilios o locales profesionales con motivo de su defensa.

Ningún habitante puede ser sacado de sus jueces naturales.

Es inocente toda persona mientras no se declare su
culpabilidad conforme a la ley y en proceso público, con todas las garantías
necesarias para su defensa.

En causa penal nadie está obligado a declarar contra
sí mismo, ni se impone obligación de declarar al cónyuge, ascendientes,
descendientes o colaterales en segundo grado del

acusado.

Las declaraciones del imputado no son usadas en su
contra, salvo que sean prestadas en presencia del juez de la causa y de
su defensor.

Ningún detenido debe estar incomunicado más de 48
horas. Se le notifica la causa de la detención dentro de las primeras
12 horas, entregándosele copia de la resolución fechada y firmada. Tiene
derecho a dar aviso de su situación a quien estime conveniente, siendo
obligación de la autoridad proveer los medios necesarios para ello en
forma inmediata.

Las autoridades proporcionan antecedentes penales
o judiciales sólo en los casos y con las limitaciones previstas en la
ley.

SISTEMA CARCELARIO

Artículo 23.- La Provincia promueve
la creación del sistema penitenciario provincial. Las cárceles tienen
por objeto la seguridad pública y no la mortificación de los internados;
son sanas y limpias y constituyen centros de enseñanza, readaptación y
trabajo. La reglamentación permite visitas privadas con el fin de no alterar
el mundo afectivo y familiar, y ayudar a la recuperación integral del
detenido. Todo rigor innecesario hace responsables a quienes lo autorizan,
aplican, consienten o no lo denuncian.

DERECHO DE ASOCIACION POLITICA

Artículo 24.- Todas las personas
en condiciones de votar tienen el derecho de asociarse libremente en partidos
políticos, los que ajustan su accionar a las normas contenidas en esta
Constitución y a las leyes que se dicten en su consecuencia.

Los partidos políticos expresan el pluralismo ideológico
concurriendo a la formación y manifestación de la voluntad popular. Son
los principales medios para la participación y representación política
del Pueblo rionegrino. Se reconoce y asegura su existencia. Son las únicas
organizaciones que pueden nominar candidaturas para cargos que se proveen
mediante elección popular. Tienen libre acceso a los medios de comunicación
a efectos de orientar a la opinión pública y contribuir a la formación
de su voluntad.

Su funcionamiento y organización interna responden
a principios democráticos. Deben dar cuenta públicamente de la procedencia
de sus recursos y de la administración de sus finanzas, con las modalidades
que la ley determina.

El Estado presta apoyo económico para la formación
y capacitación de sus afiliados, teniendo en cuenta su caudal electoral
de acuerdo a lo que dispone la ley.

TITULARIDAD DE LAS BANCAS

Artículo 25.- Las bancas de toda
representación política legislativa, provincial o municipal, pertenecen
a los partidos políticos que las nominaron, conforme la ley que lo reglamente.

A solicitud del órgano deliberativo máximo partidario
provincial se podrá requerir la revocación del mandato de un representante
y su sustitución por el suplente correspondiente ante la justicia electoral,
la que hará lugar al pedido cuando se invocare y probare una violación
ostensible y grave de la plataforma electoral.

DERECHO DE INFORMACION
Y EXPRESION

Artículo 26.- Es inviolable el derecho
que toda persona tiene de expresar libremente sus ideas y opiniones, y
de difundirlas por cualquier medio, sin censura de ninguna clase. Nadie
puede restringir la libre expresión y difusión de ideas, ni trabar, impedir
ni suspender por motivo alguno el funcionamiento de los talleres tipográficos,
difusores radiales y demás medios idóneos para la emisión y propagación
del pensamiento, ni decomisar sus maquinarias o enseres, ni clausurar
sus locales, salvo en casos de violación de las normas de policía laboral,
higiene y seguridad, requiriéndose al efecto orden judicial.

Aquel que abusare de este derecho sólo será responsable
de los delitos comunes en que incurriere a su amparo y de las lesiones
que causare a quienes resultaren afectados. Se admite la prueba como descargo
de la conducta oficial de los funcionarios y empleados públicos.

Los delitos cometidos por cualquiera de esos medios
nunca se reputarán flagrantes.

Todos los habitantes de la Provincia gozan del derecho
del libre acceso a las fuentes públicas de información.

No podrá dictarse ley ni disposición que exija en
el director o editor, otras condiciones que el pleno goce de su capacidad
civil, ni que establezca impuestos a los ejemplares de los diarios, periódicos,
libros, folletos o revistas.

DERECHO DE REPLICA

Artículo 27.- Ante informaciones
agraviantes o inexactas vertidas a través de cualquier medio de difusión,
la persona o entidad afectada tiene derecho a rectificación o respuesta
gratuita, conforme lo reglamenta la ley, la que asegura sumariedad e inmediatez
en el trámite.

LIBERTAD DE CULTO

Artículo 28.- Todos los habitantes
de la Provincia tienen la libertad de profesar, pública o privadamente,
su religión. La Provincia no dicta ley que restrinja o proteja culto alguno
aún cuando reconoce la tradición cultural de la fe católica apostólica
romana.

Nadie está obligado a declarar la religión que profesa.

PROPIEDAD E INICIATIVA
PRIVADAS

Artículo 29.- El Estado garantiza
la propiedad y la iniciativa privadas y toda actividad económica lícita
y las armoniza con los derechos individuales, sociales y de la comunidad.

DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 30.- El Estado reconoce
a los consumidores el derecho a organizarse en defensa de sus legítimos
intereses. Promueve la correcta información y educación de aquellos, protegiéndolos
contra todo acto de deslealtad comercial; vela por la salubridad y calidad
de los productos que se expenden.

CAPITULO III

DERECHOS SOCIALES

PROTECCION A LA FAMILIA

Artículo 31.- El Estado protege a
la familia, como célula base de la sociedad, establecida, organizada y
proyectada a través del afecto, facilitando su constitución y el logro
de sus fines culturales, sociales y económicos.

Los padres tienen el derecho y la obligación de cuidar
y de educar a sus hijos.

El bien de familia, cuyo régimen es determinado por
ley, y los elementos necesarios para el trabajo, son inembargables.

IGUALDAD DE DERECHOS

Artículo 32.- El Estado afianza la
igualdad de derechos entre la mujer y el varón en los aspectos culturales,
políticos, económicos y sociales, para lograr juntos una participación
real en la organización y conducción de la comunidad.

AMPARO A LA NIÑEZ

Artículo 33.- Los niños tienen derecho
a la protección y formación integral por cuenta y cargo de su familia;
merecen trato especial y respeto a su identidad, previniendo y penando
el Estado cualquier forma de mortificación o explotación.

En caso de desamparo, corresponde al Estado proveer
dicha protección, en hogares con personal especializado, sin perjuicio
de la obligación de subrogarse en el ejercicio de las acciones para demandar
a los familiares obligados los aportes correspondientes.

Reciben por los medios de comunicación mensajes pacíficos
y orientados a su formación en base a los valores de la argentinidad,
solidaridad y amistad.

FORMACION DE LA JUVENTUD

Artículo 34.- El Estado procura la
formación integral y democrática de la juventud; promueve su creatividad
y participación en las actividades culturales, sociales y políticas.

DERECHOS DE LA TERCERA
EDAD

Artículo 35.- Las personas de la
tercera edad, por su experiencia y sabiduría continúan aportando al progreso
de la comunidad. Se les garantiza el derecho a trabajar y a gozar del
esparcimiento, tranquilidad y respeto de sus semejantes. Tienen derecho
a su protección integral por cuenta y cargo de su familia. En caso de
desamparo, corresponde al Estado proveer dicha protección, sin perjuicio
de la obligación de subrogarse en el ejercicio de las acciones para demandar
de los familiares obligados los aportes correspondientes.

DISCAPACITADOS – EXCEPCIONALES

Artículo 36.- El Estado protege integralmente
a toda persona discapacitada, garantizando su asistencia, rehabilitación,
educación, capacitación e inserción en la vida social.

Implementa políticas de prevención y procura que la
sociedad tome conciencia y adopte actitudes solidarias.

Las construcciones públicas prevén el desplazamiento
normal de los discapacitados.

El Estado promueve a las personas excepcionales y
facilita su educación especial.

BENEFICIOS IMPOSITIVOS

Artículo 37.- Todo habitante mayor
de 65 años o incapacitado para el trabajo, con ingresos mínimos derivados
de la jubilación, retiro, o pensión y patrimonio que no exceda el máximo
que determina la ley, puede supeditar el pago de contribuciones extraordinarias,
provinciales o municipales que gravan el inmueble que posee, hasta que
mejore de fortuna u opere la transmisión del bien por cualquier título.

Por igual período queda exento del pago de los impuestos,
tasas y contribuciones ordinarias provinciales o municipales, vinculadas
con el inmueble que habita.

ACTIVIDADES SOCIALES

Artículo 38.- Se promueven las actividades
sociales que complementan el bienestar del hombre y su familia para la
correcta utilización del tiempo libre, respetando las características
propias del medio.

El Estado fomenta especialmente el deporte aficionado,
la recreación, la cultura y el turismo.

TRABAJO

Artículo 39.- El trabajo es un derecho
y un deber social; es el medio legítimo e indispensable para satisfacer
las necesidades espirituales y materiales de la persona y de la comunidad.
Río Negro es una Provincia fundada en el trabajo.

DERECHOS DEL TRABAJADOR

Artículo 40.- Son derechos del trabajador,
conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio:

1. A trabajar en condiciones dignas
y a percibir una retribución justa.

2. A igual remuneración por igual
tarea y a retribuciones complementarias por razones objetivas, motivadas
en las características del trabajo y del medio en que se presta.

3. A la capacitación técnica y profesional.

4. A un lugar de trabajo higiénico
y seguro. La Provincia dispone de un organismo de higiene, seguridad y
medicina del trabajo, con conducción especializada.

5. Al bienestar, a la seguridad social
y al mejoramiento económico.

6. A la huelga y la defensa de los
intereses profesionales.

7. A una jornada limitada de trabajo
que no exceda las posibilidades normales del esfuerzo; al descanso semanal
y vacaciones periódicas pagas.

8. A una vivienda digna, procurando
el Estado el acceso a la tierra, al título de propiedad correspondiente
y a la documentación técnica tipo para la construcción, conforme lo determina
la ley.

9. A la obtención de una jubilación
justa, no menor del ochenta y dos por ciento del ingreso total del sueldo
del trabajador activo, sujeto a aporte.

10. A la participación en las ganancias
de las empresas, con control de su producción, cogestión o autogestión
en la producción.

11. A estar representado en los organismos
que administran fondos provenientes de aportes previsionales, sociales
y de otra índole.

12. A la asistencia material de quienes
se encuentran temporal e involuntariamente en situación de desempleo.

13. A la gratuidad en las actuaciones
administrativas y judiciales y a la asistencia legal por parte del Estado
en el ámbito laboral. En caso de duda en la solución de un conflicto de
trabajo se resuelve a favor del dependiente.

DERECHOS GREMIALES

Artículo 41.- En defensa de sus intereses
profesionales, se garantiza a los trabajadores el derecho a asociarse
en sindicatos independientes, que deben darse una organización pluralista,
con gestión democrática y elección periódica de las autoridades por votación
secreta de sus afiliados.

Los sindicatos aseguran el goce efectivo de los derechos
de los trabajadores y realizan propuestas políticas, económicas y sociales
a los distintos organismos del Estado.

El Estado garantiza a los sindicatos los derechosde:

1. Ser reconocidos por la simple
inscripción en un registro especial.

2. Concertar convenios colectivos
de trabajo.

3. Ejercitar plenamente y sin trabas
la gestión de sus dirigentes, con estabilidad en sus empleos, licencia
gremial e indemnizaciones especiales.

4. Declarar la huelga en defensa
de los intereses de los trabajadores.

5. Actuar gratuitamente en los expedientes
judiciales.

DERECHOS DE LOS INDIGENAS

Artículo 42.- El Estado reconoce
al indígena rionegrino como signo testimonial y de continuidad de la cultura
aborigen preexistente, contributiva de la identidad e idiosincrasia provincial.
Establece las normas que afianzan su efectiva incorporación a la vida
regional y nacional, y le garantiza el ejercicio de la igualdad en los
derechos y deberes. Asegura el disfrute, desarrollo y transmisión de su
cultura, promueve la propiedad inmediata de la tierra que posee, los beneficios
de la solidaridad social y económica para el desarrollo individual y de
su comunidad, y respeta el derecho que le asiste a organizarse.

CAPITULO IV

GARANTIAS PROCESALES ESPECIFICAS

AMPARO – HABEAS CORPUS

Artículo 43.- Todos los derechos
y libertades humanas, reconocidos expresa o implícitamente por esta Constitución,
están protegidos por la acción de amparo que puede promover el restringido
por sí o por terceros en su nombre, sin necesidad de mandato, valiéndose
de cualquier medio de comunicación y a cualquier hora, ante el juez letrado
inmediato, sin distinción de fueros o instancias y aunque forme parte
de un tribunal colegiado, a fin de que se ordene su inmediata libertad,
se los someta al juez competente, se le acuerde la garantía negada o el
ejercicio de sus derechos individuales o colectivos.

El juez del amparo ejerce su potestad jurisdiccional
sobre todo otro poder o autoridad pública y la acción puede instaurarse
sin formalidad procesal alguna. Tanto la acción de amparo como el hábeas
corpus, se resuelven por el juez previo informe requerido a la autoridad
o particular que suprimió, restringió o amenazó libertades. Para el caso
de hábeas corpus, hace comparecer al detenido y al autor de la afectación
dentro de las veinticuatro horas, debiendo resolver en definitiva dentro
de las cuarenta y ocho horas de haberse planteado. Dispone asimismo, las
medidas correspondientes para quien expidió la orden o ejecutó el acto.

Cuando un juez tuviere conocimiento de que alguna
persona se hallare arbitrariamente detenida o restringida en sus derechos,
puede expedir de oficio el mandamiento de hábeas corpus o de amparo.

MANDAMIENTO DE EJECUCION

Artículo 44.- Para el caso de que
esta Constitución, una ley, decreto, ordenanza o resolución, imponga a
un funcionario o ente público administrativo un deber concreto, toda persona
cuyo derecho resultare afectado por su incumplimiento, puede demandar
ante la justicia competente la ejecución inmediata de los actos que el
funcionario o ente público administrativo hubiere rehusado cumplir. El
juez, previa comprobación sumaria de los hechos denunciados, libra un
mandamiento y exige el cumplimiento inmediato del deber omitido.

MANDAMIENTO DE PROHIBICION

Artículo 45.- Si un funcionario o
ente público administrativo ejecutare actos prohibidos por esta Constitución,
una ley, decreto, ordenanza o resolución, la persona afectada podrá obtener
por vía y procedimiento establecidos en el artículo anterior, un mandamiento
judicial prohibitivo que se librará al funcionario o ente público del
caso.

CAPITULO V

RESPONSABILIDADES

DEBERES

Artículo 46.- Es deber de todo habitante:

– Honrar a la Patria, a la Provincia y sus símbolos;
armarse de acuerdo a la forma y procedimiento que determinen las leyes
para su defensa.

– Resguardar los intereses y el patrimonio cultural
y material de la Nación y de la Provincia.

– Cumplir y hacer cumplir la Constitución Nacional,
la Constitución Provincial y demás normas que en consecuencia se dicten.

– Cumplir los deberes sociales.

– Contribuir a los gastos que demanda la organización
social y política del Estado.

– Prestar servicios civiles en caso que las leyes,
por razones de solidaridad social, así lo determinen.

– Formarse y educarse en la medida de su vocación
y de acuerdo a las necesidades sociales.

– Evitar la contaminación ambiental y participar en
la defensa ecológica.

– Participar en la vida política y social de la comunidad.

– Trabajar y actuar solidariamente.

SEGUNDA PARTE

POLITICAS ESPECIALES DEL
ESTADO

SECCION PRIMERA

POLITICA ADMINISTRATIVA

PRINCIPIOS

Artículo 47.- La administración pública
provincial y en lo pertinente la municipal, están regidas por los principios
de eficiencia, austeridad, centralización normativa, descentralización,
desconcentración, imparcialidad, equidad, igualdad y publicidad de las
normas o actos.

Su actuación está sujeta a la determinación oficiosa
de la verdad, con celeridad y economía, sencillez en el trámite, plazos
breves, participación y procedimiento público e informal para los administrados.

ESTATUTO

Artículo 48.- La Legislación tiende
a establecer un estatuto único para la administración pública provincial,
en base a los principios establecidos en esta Constitución, orientado
a equiparar situaciones similares.

CARRERA ADMINISTRATIVA

Artículo 49.- Se establece la carrera
administrativa para los agentes públicos. La ley determina su extensión
y excepciones. Por igual función corresponde igual remuneración, otorgándose
la garantía del sumario con intervención del afectado para su sanción
o remoción.

INHABILIDADES

Artículo 50.- Los agentes públicos
condenados por delitos contra la administración, o por delitos electorales,
quedan inhabilitados a perpetuidad para ingresar a la administración provincial
o municipal y no pueden desempeñar cargos electivos.

INGRESO – ESTABILIDAD

Artículo 51.- La idoneidad y eficiencia
son condiciones para el ingreso, ascenso y permanencia de los agentes
públicos. A esos efectos, la ley instrumenta el régimen de concursos de
oposición y antecedentes. Se asegura la estabilidad e independencia en
el desempeño del cargo, prohibiéndose cualquier tipo de discriminación
política, social y religiosa.

CAPACITACION – PARTICIPACION

Artículo 52.- Se promueve la capacitación
de los agentes públicos, así como la participación de los mismos en la
formulación y ejecución de políticas tendientes al mejoramiento de la
administración, en la forma y casos que establece la ley.

REMOCION

Artículo 53.- Los agentes públicos
designados en violación a las disposiciones de esta Constitución pueden
ser removidos en cualquier tiempo sin derecho a reclamo alguno.

RESPONSABILIDADES DE LOS
AGENTES

Artículo 54.- Los agentes públicos
son personalmente responsables de los daños causados por extralimitación
o cumplimiento irregular de sus funciones.

RESPONSABILIDADES DE LA
PROVINCIA Y MUNICIPIOS

Artículo 55.- La Provincia y los
municipios son responsables por sí y por los actos de sus agentes realizados
con motivo o en ejercicio de sus funciones. Son demandados sin necesidad
de autorización previa. Sus rentas y los bienes destinados al funcionamiento
no son embargables a menos que el gobierno provincial o municipal no hubiera
arbitrado los medios para efectivizar el pago en el ejercicio inmediato
a la fecha en que la sentencia quedare firme.

Son inembargables los bienes destinados a la asistencia
social, salud y educación.

En ningún caso los embargos trabados podrán superar
el veinte por ciento de las rentas anuales.

ACCION VINDICATORIA

Artículo 56.- Todo agente público
a quien se le imputa delito cometido en el desempeño de sus funciones,
está obligado a acusar para vindicarse, en un plazo no mayor de seis meses
del conocimiento de la imputación, bajo pena de destitución. A tal efecto
gozará del beneficio del proceso gratuito.

CITACION A JUICIO

Artículo 57.- La Provincia o sus
municipios, demandados por hechos de sus agentes, deben recabar la citación
a juicio de estos últimos para integrar la relación procesal, a efectos
de determinar las responsabilidades establecidas en el Art. 54o de esta
Constitución. El representante legal que no cumpliere con tal obligación
es responsable de los perjuicios causados por la omisión, además de las
restantes sanciones que le pudieren corresponder.

SECCION SEGUNDA

POLITICA PREVISIONAL

PREVISION

Artículo 58.- La ley organiza un
régimen previsional único para todos los agentes públicos, fundado en
la solidaridad, equidad e inexistencia de privilegios que importen desigualdades
que no respondan a causas generales, objetivas y razonables, debiendo
existir equivalencia entre los aportes realizados y el haber jubilatorio.

Se tiene en cuenta la edad, antiguedad y naturaleza
de los servicios prestados y los aportes realizados; así como las características
de las distintas zonas de la Provincia.

El haber jubilatorio mínimo no puede ser inferior
al salario mínimo establecido para los agentes de la administración.

SALUD

Artículo 59.- La salud es un derecho
esencial y un bien social que hace a la dignidad humana. Los habitantes
de la Provincia tienen derecho a un completo bienestar psicofísico y espiritual,
debiendo cuidar su salud y asistirse en caso de enfermedad.

El sistema de salud se basa en la universalidad de
la cobertura, con acciones integrales de promoción, prevención, recuperación
y rehabilitación. Incluye el control de los riesgos biológicos y socioambientales
de todas las personas desde su concepción, para prevenir la posibilidad
de enfermedad o muerte por causa que se pueda evitar.

Mediante unidad de conducción, el Estado Provincial
garantiza la salud a través de un sistema integrador establecido por la
ley con participación de los sectores interesados en la solución de la
problemática de la salud.

Organiza y fiscaliza a los prestadores de la salud,
asegurando el acceso, en todo el territorio provincial, al uso igualitario,
solidario y oportuno de los más adecuados métodos y recursos de prevención,
diagnóstico y terapéutica.

La ley organiza consejos hospitalarios con participación
de la comunidad.

Los medicamentos son considerados como bien social
básico y fundamental. La autoridad pública implementa un vademecum y las
medidas que aseguren su acceso a todos los habitantes.

SECCION TERCERA

POLITICAS CULTURAL Y EDUCATIVA

CULTURA Y EDUCACION

Artículo 60.- La cultura y la educación
son derechos esenciales de todo habitante y obligaciones irrenunciables
del Estado.

CULTURA

Artículo 61.- El Estado garantiza
a todos los habitantes el acceso a la práctica, difusión y desarrollo
de la cultura, eliminando en su creación toda forma de discriminación.

Promueve y protege las manifestaciones culturales,
personales o colectivas y aquellas que afirman la identidad provincial,
regional, nacional y latinoamericana.

Preserva el acervo histórico, arqueológico, documental,
artístico, paisajístico, las costumbres, la lengua y todo patrimonio de
bienes y valores del Pueblo, que constituyen su cultura.

EDUCACION – FINALIDAD

Artículo 62.- La educación es un
instrumento eficiente para la liberación, la democracia y el inalienable
respeto por los derechos y obligaciones del hombre.

Es un derecho de la persona, de la familia y de la
sociedad, a la que asiste el Estado como función social prioritaria, primordial
e irrenunciable, para lograr una sociedad justa, participativa y solidaria.

POLITICA EDUCATIVA

Artículo 63.- La política educativa
provincial se basa en los siguientes principios:

1. El Estado establece la educación obligatoria desde
el nivel inicial hasta el ciclo básico del nivel medio y demás niveles
que en lo sucesivo se establezca por ley; fija la política del sector
y supervisa su cumplimiento.

2. Asegura el carácter común, único, gratuito, integral,
científico, humanista, no dogmático y accesible a todas las personas.

3. Promueve contenidos y métodos actualizados de educación,
cuidando que contemple la creatividad, integración de conocimientos y
habilidades; la ética como principio fundamental inspirado en el espíritu
de comunidad democráticamente organizada en un sentimiento de solidaridad
universal.

4. Garantiza la libertad de cátedra.

5. Los padres tienen el derecho de elegir la educación
de sus hijos.

6. En las escuelas privadas la enseñanza es libre,
pero debe sujetarse a las leyes y reglamentos escolares en cuanto al mínimo
de enseñanza y régimen de funcionamiento. No se reconocen oficialmente
más títulos y diplomas de estudios que los avalados por el Estado Nacional
o Provincial. La ley reglamenta la cooperación económica del Estado sólo
en aquellas escuelas públicas de gestión privada, gratuitas, que cumplan
una función social, no discriminatoria y demás requisitos que se fijen.

7. Genera y promueve acciones para la educación permanente,
la erradicación del analfabetismo y la creación cultural; la capacitación
laboral o formación profesional según necesidades regionales o provinciales.

8. Asegura la atención a la educación especial.

9. Garantiza los requerimientos del sistema educativo
en cuanto a la formación, actualización e investigación del educando y
del educador.

10. Los medios de comunicación social colaboran con
las tareas de la educación y adaptan su actividad a las necesidades de
la educación común.

11. Facilita a los económicamente necesitados el acceso
a todos los grados de enseñanza de modo que se hallen condicionados exclusivamente
por la aptitud y la vocación.

PRESUPUESTO

Artículo 64.- El Estado asigna en
la ley de presupuesto un fondo propio para educación no menor de un tercio
de las rentas generales, sin perjuicio de los demás recursos que se le
otorguen.

GOBIERNO DE LA EDUCACION

Artículo 65.- Las políticas educativas
de la Provincia son formuladas con la intervención de un Consejo Provincial
de Educación, el que tendrá participación necesaria en la determinación
de los planes y programas educativos, orientación técnica, coordinación
de la enseñanza, y los demás aspectos del gobierno de la educación que
establezca la ley. Es integrado por representantes de docentes en actividad,
consejos escolares y representantes del Poder Ejecutivo, con carácter
autárquico, y en las formas y con los atributos que fija la ley.

La administración local y el gobierno inmediato de
las escuelas en cuanto no afecten a la parte técnica, está a cargo de
consejos escolares electivos que funcionan en cada una de las localidades,
los que se integran con vecinos, alumnos y docentes que residen en el
lugar.

UNIVERSIDADES

Artículo 66.- La Provincia fija las
políticas de adhesión, colaboración e interdependencia con las universidades
nacionales atendiendo a las necesidades tecnológicas, económicas y culturales
de la comunidad rionegrina.

SECCION CUARTA

POLITICA CIENTIFICA Y TECNOLOGICA

INVESTIGACION CIENTIFICA

Artículo 67.- El Estado protege,
orienta y fomenta la investigación científica, con libertad académica,
y su preservación y difusión; es instrumento para comprender la realidad
natural y social, y satisfacer las necesidades espirituales y materiales
del hombre, contribuyendo al desarrollo provincial, regional y nacional.

DESARROLLO TECNOLOGICO

Artículo 68.- Se promueve el desarrollo
de tecnologías apropiadas de innovación y de avanzada, que apoyen el desarrollo
económico y social provincial y su intercambio con la Nación y Latinoamérica.

Fomenta la cooperación entre las instituciones de
investigación científica, de desarrollo tecnológico y de empresas productivas,
públicas y privadas, evitando la dispersión y duplicación de esfuerzos.

SISTEMA PROVINCIAL DE CIENCIA
Y TECNOLOGIA

Artículo 69.- Todas las personas
tienen derecho a acceder a los beneficios de la ciencia y de la tecnología.

La Provincia estimula la difusión y utilización del
conocimiento científico y tecnológico en todos los ámbitos de la sociedad;
organiza el sistema provincial de ciencia y tecnología con participación
de científicos, tecnólogos, instituciones y empresas del sector; concerta
con la Nación su participación en los planes federales.

El presupuesto provincial asigna recursos específicos
debiendo la Legislatura analizar los avances producidos.

SECCION QUINTA

POLITICA DE RECURSOS NATURALES

DOMINIO

Artículo 70.- La Provincia tiene
la propiedad originaria de los recursos naturales existentes en el territorio,
su subsuelo, espacio aéreo y mar adyacente a sus costas, y la ejercita
con las particularidades que establece para cada uno. La ley preserva
su conservación y aprovechamiento racional e integral, por sí o mediante
acuerdo con la Nación, con otras provincias o con terceros, prentemente
en la zona de origen. La Nación no puede disponer de los recursos naturales
de la Provincia, sin previo acuerdo mediante leyes convenio que, contemplen
el uso racional del mismo, las necesidades locales y la preservación del
recurso y de la ecología.

REGIMEN DE AGUAS

Artículo 71.- Son de dominio del
Estado las aguas públicas ubicadas en su jursidicción, que tengan o adquieran
aptitud para satisfacer usos de interés general. El uso y goce de éstas
debe ser otorgado por autoridad competente. El código de aguas regla el
gobierno, administración, manejo unificado e integral del recurso, la
participación directa de los interesados y el fomento de aquellos emprendimientos
y actividades calificados como interés social.

La Provincia concerta con las restantes jurisdicciones
el uso y aprovechamiento de las cuencas hídricas comunes.

RECURSOS ICTICOLAS

Artículo 72.- La Provincia preserva,
regula y promueve sus recursos ictícolas y la investigación científica,
dentro de las áreas marítimas de jurisdicción provincial y de los demás
cursos o espejos de agua; fomenta la actividad pesquera y los puertos
provinciales.

En la jurisdicción marítima complementa sus acciones
con la Nación.

ACCESO Y DEFENSA DE LAS
RIBERAS

Artículo 73.- Se asegura el libre
acceso con fines recreativos a las riberas, costas de los ríos, mares
y espejos de agua de dominio público.

El Estado regula las obras necesarias para la defensa
de costas y construcción de vías de circulación por las riberas.

ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Artículo 74.- La Provincia con los
municipios ordena el uso del suelo y regula el desarrollo urbano y rural,
mediante las siguientes pautas:

1. La utilización del suelo debe ser compatible con
las necesidades generales de la comunidad.

2. La ocupación del territorio debe ajustarse a proyectos
que respondan a los objetivos, políticas y estrategias de la planificación
democrática y participativa de la comunidad, en el marco de la integración
regional y patagónica.

3. Las funciones fundamentales que deben cumplir las
áreas urbanas para una mejor calidad de vida determinan la intensidad
del uso y ocupación del suelo, distribución de la edificación, reglamentación
de la subdivisión y determinación de las áreas libres.

4. El cumplimiento de los fines sociales de la actividad
urbanística mediante la intervención en el mercado de tierras y la captación
del incremento del valor originado por planes u obras del Estado.

REGIMEN DE TIERRAS

Artículo 75.- La Provincia considera
la tierra como instrumento de producción que debe estar en manos de quien
la trabaja, evitando la especulación, el desarraigo y la concentración
de la propiedad.

Es legítima la propiedad privada del suelo y constituye
un derecho para todos los habitantes acceder a ella.

Propende a mantener la unidad productiva óptima, la
ejecución de planes de colonización, el asentamiento de familias campesinas,
con apoyo crediticio y técnico, y de fomento.

La ley establece las condiciones de su manejo como
recurso renovable, desalienta la explotación irracional, así como la especulación
en su tenencia libre de mejoras, a través de impuestos generales.

En materia agraria la Provincia expropia los latifundios
inexplotados o explotados irracionalmente y las tierras sin derecho a
aguas que con motivo de obras que realice el Estado puedan beneficiarse.

BOSQUES

Artículo 76.- El Estado promueve
el aprovechamiento racional de los bosques, resguardando la supervivencia,
conservación, mejoramiento de las especies y reposición de aquellas de
mayor interés, a través de la forestación y reforestación.

Para alcanzar tales fines, ejerce las facultades inherentes
al poder de policía.

PARQUES

Artículo 77.- La Provincia declara
zonas de reserva y zonas intangibles. Reivindica el derecho a participar
en forma igualitaria con la Nación en la administración y aprovechamiento
de los parques. En las zonas de reserva promueve por sí el poblamiento
y desarrollo económico.

Otras áreas de interés ecológico pueden ser asimismo
declaradas parques provinciales.

RECURSOS MINEROS

Artículo 78.- Los yacimientos y minas
son propiedad de la Provincia. Esta fomenta la prospección, exploración,
explotación e industrialización en la región de origen. La ley regula
estos objetivos, el registro, otorgamiento de concesiones, ejercicio del
poder de policía y el régimen de caducidades para el caso de minas abandonadas,
inactivas o de ficientemente explotadas.

HIDROCARBUROS Y MINERALES
NUCLEARES

Artículo 79.– Los yacimientos de
gas, petróleo y de minerales nucleares existentes en el territorio provincial
y en la plataforma marítima, son bienes del dominio público provincial.
Su explotación se otorga por ley, por convenio con la Nación. La Provincia
interviene en los planes de exploración o explotación preservando el recurso,
aplicando un precio diferencial para los hidrocarburos cuando éstos son
extraídos en forma irracional, y asegurando inversiones sustitutivas en
las áreas afectadas, para el sostenimiento de la actividad económica.
La ley fija los porcentajes de los productos extraídos que necesariamente
deberán ser industrializados en su territorio. La Provincia toma los recaudos
necesarios para controlar las cantidades de petróleo y gas que se extraen.

RECURSOS ENERGETICOS

Artículo 80.- La Provincia organiza
los servicios de distribución de energía eléctrica y de gas pudiendo convenir
con la Nación la prestación por parte de ésta. Otorga las concesiones
de explotación y dispone las formas de participación de municipios, cooperativas
y usuarios; ejerce la policía de los servicios; asegura el suministro
de estos servicios a todos los habitantes y su utilización como forma
de promoción económica y social.

La Provincia reclama a las empresas explotadoras la
indemnización de los daños y la reparación de los perjuicios que ocasionan
las obras hidroeléctricas.

PARTICIPACION EN EMPRESAS
NACIONALES

Artículo 81.- Cuando el aprovechamiento
de los recursos natura les fuere realizado por empresas del Estado Nacional,
las mismas deben dar participación a la Provincia en la administración,
dirección y control de dichas empresas.

SECCION SEXTA

POLITICA DE COMUNICACION
SOCIAL

ESPECTRO DE FRECUENCIA

Artículo 82.- El espectro de frecuencia
es un recurso natural de dominio público. La Provincia, en uso de su autonomía,
reserva su derecho de legislar en materia de radiodifusión y televisión,
decide sobre sus modelos de comunicación para la afirmación de la integración
y autonomía provincial y promueve especialmente la instalación de emisoras
en zona de frontera.

La ley asegura el desarrollo, planificación, coordinación,
investigación, administración y financiamiento de la comunicación social.

RADIODIFUSION Y TELEVISION

Artículo 83.- La radiodifusión y
televisión constituyen un servicio público orientado al desarrollo integral
de la Provincia y sus habitantes, el crecimiento de sus regiones, la conformación
de su identidad cultural y el pleno ejercicio del derecho de información.

El Estado garantiza el derecho de las audiencias a
expresar orgánicamente su opinión y a participar en la formulación de
políticas públicas sobre comunicación social.

Se prohíbe el monopolio y el oligopolio estatal o
privado, sobre los medios de comunicación en el ámbito provincial y se
promueve la instalación de emisoras a cargo de organizaciones sociales
sin fines de lucro que persigan objetivos de interés público.

SECCION SEPTIMA

POLITICA ECOLOGICA

DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE

Artículo 84.- Todos los habitantes
tienen el derecho a gozar de un medio ambiente sano, libre de factores
nocivos para la salud, y el deber de preservarlo y defenderlo.

Con este fin, el Estado:

1. Previene y controla la contaminación del aire,
agua y suelo, manteniendo el equilibrio ecológico.

2. Conserva la flora, fauna y el patrimonio paisajístico.

3. Protege la subsistencia de las especies autóctonas;
legisla sobre el comercio, introducción y liberación de especies exóticas
que puedan poner en peligro la producción agropecuaria o los ecosistemas
naturales.

4. Para grandes emprendimientos que potencialmente
puedan alterar el ambiente, exige estudios previos del impacto ambiental.

5. Reglamenta la producción, liberación y ampliación
de los productos de la biotecnología, ingeniería nuclear y agroquímica,
y de los productos nocivos, para asegurar su uso racional.

6. Establece programas de difusión y educación ambiental
en todos los niveles de enseñanza.

7. Gestiona convenios con las provincias y con la
Nación para asegurar el cumplimiento de los principios enumerados.

CUSTODIA DE LOS ECOSISTEMAS
NATURALES

Artículo 85.- La custodia del medio
ambiente está a cargo de un organismo con poder de policía, dependiente
del Poder Ejecutivo, con las atribuciones que le fija la ley.

Los habitantes están legitimados para accionar ante
las autoridades en defensa de los intereses ecológicos reconocidos en
esta Constitución.

SECCION OCTAVA

POLITICA ECONOMICA

PRINCIPIOS

Artículo 86.- La economía está al
servicio del hombre y debe satisfacer sus necesidades materiales y espirituales.
El capital cumple una función social. Su principal objeto es el desarrollo
de la Nación, de la Región y de la Provincia y sus diversas formas de
utilización no pueden contrariar el bien común.

La ley desalienta la usura, la especulación y todas
aquellas formas económicas que tiendan a dominar los mercados, eliminar
la competencia o aumentar arbitrariamente las ganancias.

Los beneficios del crecimiento son distribuídos equitativa
y solidariamente. Los empresarios, los trabajadores y el Estado son responsables
de la eficiencia, productividad y progreso de los factores económicos
que participan en el proceso productivo.

FACULTADES COMPARTIDAS

Artículo 87.- La Provincia reivindica
del Estado Nacional los poderes necesarios para regir su economía, participación
igualitaria en la ejecución de las políticas sectoriales nacionales de
interés provincial y en los organismos de aplicación de las mismas. Dicta
leyes que preservan las características propias de la producción, industrialización
y comercialización de los productos rionegrinos. Convendrá con el gobierno
nacional, asesorado por los sectores interesados, las condiciones de aplicación
de las leyes nacionales que regulan las actividades productivas.

SERVICIOS PROVINCIALES

Artículo 88.- La prestación de servicios
tarifados que realiza la Provincia asume forma empresaria con participación
mayoritaria y auditoría estatal. Su desenvolvimiento se ajusta a pautas
de rentabilidad, buen servicio, eficiencia y publicidad de sus actos,
sin perjuicio de las actividades de fomento que deba realizar. Están sujetos
al pago de impuestos, tasas y contribuciones.

La ley fija el régimen laboral aplicable a cada servicio.

SUJECION AL PLANEAMIENTO

Artículo 89.- Los entes que explotan
servicios públicos están sujetos a planes generales y sectoriales de laProvincia.

Formulan programas y suscriben acuerdos que proponen
al Poder Ejecutivo y que son aprobados por la Legislatura.

PROPIEDAD – EXPROPIACION

Artículo 90.- La propiedad y la actividad
privadas tienen una función social; están sometidas a las leyes que se
dicten.

La expropiación por causa de utilidad pública debe
ser calificada por ley, previa y justamente indemnizada.

DEFENSA DE LA PRODUCCION

Artículo 91.- El Estado defiende
la producción básica y riquezas naturales contra la acción del privilegio
económico y promueve su industrialización y comercialización, procurando
su diversificación e instalación en los lugares de origen.

Sanciona leyes de fomento para la radicación de nuevos
capitales y pobladores.

Se declara de interés provincial la actividad exportadora
de los productos básicos de la economía rionegrina, determinándose como
objetivos el logro de una adecuada rentabilidad en la colocación de estos
productos, el ordenamiento del proceso y una equitativa distribución de
los resultados entre los sectores intervinientes, los que se procurarán
a través de la unificación de la exportación.

Se asegura la participación de los interesados en
la planificación e implementación de las políticas provinciales en la
materia.

CREDITO

Artículo 92.- Es obligación de los
poderes públicos orientar el crédito hacia tareas productivas impidiendo
la especulación.

El banco provincial es instrumento oficial de la política
financiera del gobierno, caja obligada y agente financiero de los entes
públicos provinciales, y municipales, mientras éstos no posean sus propios
bancos.

Ejecuta la política crediticia de la Provincia y canaliza
el ahorro orientado a la producción.

La Provincia fija las condiciones de instalación de
entidades financieras públicas y privadas en su territorio, y ejercita
sobre éstas y las ya instaladas el poder de policía.

SECCION NOVENA

POLITICA FINANCIERA

TESORO PROVINCIAL

Artículo 93.- El gobierno de la Provincia
provee a los gastos de su administración con los fondos del tesoro provincial.

Este se forma con el producto y fruto de sus bienes;
con los beneficios de la actividad económica que desarrolla y de los servicios
que presta; con los recursos provenientes de los impuestos permanentes
y transitorios; con la participación que le corresponde por impuestos
fijados por la Nación, con la cual celebra acuerdos para su establecimiento
y percepción; y con las operaciones de crédito que realiza.

Las regalías constituyen fondos especiales que deben
ser progresivamente utilizados para obras específicas del sector y para
generar actividades sustitutivas del recurso.

REGIMEN TRIBUTARIO

Artículo 94.- La igualdad, proporcionalidad,
no confiscatoriedad y progresividad constituyen la base del impuesto y
de las cargas públicas. Se establecen inspirados en propósitos de justicia
y necesidad social. Se puede eximir el patrimonio y la renta mínima individual
y familiar, y demás casos previstos por esta Constitución.

Se grava prentemente la renta, los artículos suntuarios
y el mayor valor del suelo libre de mejoras, el ausentismo y las ganancias
especulativas. Se procura desgravar los artículos de primera necesidad,
las actividades socialmente útiles, las culturales y las nuevas industrias;
éstas últimas por períodos determinados en la forma que establece la ley.

EMPRESTITOS

Artículo 95.- No podrá autorizarse
empréstito alguno sobre el crédito general de la Provincia, ni emisión
de fondos públicos, sino por ley sancionada con los dos tercios de votos
de los miembros de la Legislatura.

Toda ley que sanciona empréstitos debe especificar
los recursos con que deba afrontar el servicio de la deuda y su amortización,
los que en ningún caso podrán exceder del veinticinco por ciento de la
renta ordinaria anual de la Provincia. No pueden aplicarse los recursos
que se obtengan de empréstitos sino a los fines determinados, que debe
especificarse en la ley que los autoriza, bajo responsabilidad de la autoridad
que los invierta o destine a otros objetos. El uso del crédito en las
formas establecidas puede autorizarse únicamente cuando sea destinado
a la ejecución de obras públicas, para hacer efectiva la reforma agraria
o para atender gastos originados por catástrofes, calamidades públicas
y otras necesidades excepcionales e impostergables del Estado, calificadas
por ley, sin poder aplicarse en ningún caso a enjugar déficit de administración.

IMPUESTOS PARA GASTOS DETERMINADOS

Artículo 96.- Los fondos provenientes
de los impuestos destina dos especialmente a cubrir gastos determinados
o amortizar operaciones de crédito, se aplican exclusivamente al objeto
previsto y su recaudación cesa cuando este quede cumplido, salvo nueva
autorización legal.

ATRIBUCIONES IMPOSITIVAS

Artículo 97.- Los organismos descentralizados
pueden ser facul tados para el cobro de los impuestos y contribuciones
que les pertenezcan o en los que tengan participación, en la forma y bajo
las responsabilidades que la ley establezca.

CONTRATOS Y LICITACIONES

Artículo 98.- Toda enajenación de
bienes provinciales, compra, obra pública o concesión de servicios públicos,
se hace por licitación pública o privada bajo pena de nulidad y sin perjuicio
de las responsabilidades consiguientes. Por ley se establecen las excepciones
a este principio.

Puede prescindirse de la licitación pública o privada
cuando el Estado resuelva realizar las obras por administración o por
intermedio de empresas cooperativas, sociedades mixtas o de otro tipo,
de las cuales forma parte, y por los organismos intermunicipales o interprovinciales
que se formaren al mismo efecto, para beneficiar al desarrollo y a la
economía regional.

Se da prioridad de contratación con el Estado a las
personas físicas o jurídicas radicadas en la Provincia, según el régimen
que establece la ley.

PRESUPUESTO

Artículo 99.- Todo gasto de la administración
debe ajustarse a la ley de presupuesto.

Las leyes especiales que dispongan o autoricen gastos,
deben indicar el recurso corespondiente. Estos gastosy recursos son incluídos
en la primera ley de presupuesto que se apruebe, bajo sanción de caducidad.

SECCION DECIMA

POLITICAS DE COOPERATIVISMO
Y MUTUALISMO

OBJETIVOS

Artículo 100.- El Estado reconoce
la función económica y social del mutualismo y de la cooperación libre,
en especial de las cooperativas de producción y las que son fuente de
trabajo y ocupación.

Implementa las políticas destinadas a la difusión
del pensamiento mutualista y cooperativista; la organización, el apoyo
técnico y financiero; la comercialización y distribución de sus productos
o servicios.

La ley organiza el registro, ejercicio del poder de
policía, caracteres, finalidades y controles.

LIBERTAD DE ASOCIACION
COOPERATIVA -REPRESENTACION

Artículo 101.- La Provincia promueve
y asegura a todos sus habitantes la asociación cooperativa con características
de libre acceso, adhesión voluntaria, organización democrática y solidaria.
Las cooperativas deben cubrir necesidades comunes, propender al bienestar
general y brindar servicios sin fines de lucro. El cooperativismo cuenta
con representación en la forma en que lo determine la ley en toda aquella
actividad pública donde tenga presencia activa.

COOPERATIVAS

Artículo 102.- Son cooperativas las
instituciones privadas de servicios constituídas con arreglo a la legislación
específica. Los actos de las cooperativas y sucursales con asiento en
la Provincia, que den cumplimiento a los principios de libre asociación
y participación de los asociados locales en las decisiones y controles
de ellas, no son objeto de imposición a los efectos de los tributos provinciales.

El gobierno provincial y los municipios dan prencia
en el otorgamiento de permisos a las cooperativas integradas por la comunidad
respectiva, o la mayor parte de ella, para la prestación de los servicios
públicos de los que es usuaria. Asimismo dan prioridad a las cooperativas
de producción y trabajo en sus licitaciones y contratos, ante igualdad
de ofrecimientos.

EDUCACION COOPERATIVA

Artículo 103.- La Provincia incorpora
dentro del currículo oficial y en los distintos niveles de enseñanza,
la educación cooperativa, a través de acciones conjuntas de las autoridades
educativas, los representantes del sector cooperativo y el órgano competente
en la materia.

Impulsa la práctica del cooperativismo escolar.

SECCION UNDECIMA

POLITICAS DE PLANIFICACION
Y REGIONALIZACION

CONSEJO DE PLANIFICACION

FUNCIONES

Artículo 104.- La acción de gobierno,
en cuanto a la promoción económica y realización de la obra pública, responde
a una planificación integral que contempla todas las relaciones de interdependencia
de los factores locales, regionales y nacionales. Esta planificación es
dirigida y permanentemente actualizada por el Consejo de Planificación;
es imperativa para el sector público e indicativa para el sector privado.

INTEGRACION

Artículo 105.- El Consejo de Planificación
se integra con técnicos especialistas. Una ley especial fija su estructura,
debiendo estar representada la actividad económica y el trabajo. Los miembros
del Consejo son designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Legislatura
y sólo son removidos por causales que fija la ley.

REGIONES

Artículo 106.- El territorio provincial
se organiza en regiones. Se constituyen en base a los municipios, atendiendo
a características de afinidad histórica, social, geográfica, económica,
cultural e idiosincrasia de la población.

La ley fija sus límites, recursos, estructura orgánica
y funcionamiento.

REGIONALIZACION DE LA ADMINISTRACION
PUBLICA PROVINCIAL

Artículo 107.- El Estado dispone
la coincidencia de las circunscripciones administrativas de la Provincia
con las regiones, y que éstas sean asiento de las delegaciones de los
organismos que presten servicios a los habitantes, agrupados en centros
administrativos provinciales localizados en una o más ciudades de las
mismas.

CONSEJOS REGIONALES

Artículo 108.- En cada región se establece un Consejo
Regional, presidido por un delegado del Poder Ejecutivo e integrado por
representantes de los organismos provinciales con delegaciones en la misma,
de los municipios que la integran, de los partidos políticos de la región
con representación legislativa y de entidades sectoriales, especialmente
de las asociaciones de trabajadores y empresarios.

FUNCIONES

Artículo 109.- Los Consejos Regionales,
conforme lo reglamenta la ley:

1. Armonizan el planeamiento y desarrollo de la región,
elevando sus dictámenes al Consejo Provincial de Planificación.

2. Asesoran a los Poderes Públicos sobre los proyectos
que afecten a la región.

3. Ejercitan iniciativas propias.

4. Coordinan el accionar de los distintos órdenes
de las administraciones en su jurisdicción.

El Poder Ejecutivo puede delegarles funciones.

ENTES DE DESARROLLO

Artículo 110.- Se crean los entes
de desarrollo de la Línea Sur y de la zona de General Conesa, en función
del objetivo de igualar el progreso social, cultural y económico de todas
las regiones de la Provincia para su definitiva integración. Concentran
las acciones provinciales de promoción de la economía, industrialización
de los productos regionales, defensa de la producción y otras acciones
de fomento, con las funciones de planificación y ejecución que se les
encomiendan; y las coordinan con los organismos competentes del Estado.

Tienen carácter autárquico, recursos propios y su
conducción se integra con representantes regionales.

TERCERA PARTE

ORGANIZACION DEL ESTADO

SECCION PRIMERA

PODER CONSTITUYENTE

NECESIDAD DE LA REFORMA

Artículo 111.- Esta Constitución
puede reformarse en todo o en cualquiera de sus partes. La necesidad de
la reforma se declara por la Legislatura, con el voto favorable de las
dos terceras partes del total de sus miembros y se lleva a cabo por una
Convención convocada al efecto.

Dicha declaración determina:

1. Si la reforma es total o parcial y, en este caso,
los artículos o temas que se consideran necesarios reformar.

2. La fecha en que debe llevarse a cabo el acto comicial
para la elección de los convencionales, que no será antes de los ciento
ochenta días de la fecha de la declaración ni coincidirá con elección
alguna.

3. La partida presupuestaria provisoria necesaria
para sufragar los gastos que su ejecución demandará.

4. El lugar de la primera reunión.-

INTEGRACION

Artículo 112.- La Convención se compone
de un número de miembros igual al de la Legislatura, al tiempo de declararse
la necesidad de la reforma.

Los convencionales se eligen por igual sistema que
los legisladores.

REQUISITOS – IMUNIDADES

Artículo 113.- Para ser convencional
se requieren las mismas calidades exigidas para el cargo de legislador
y los electos tienen iguales inmunidades.

INHABILIDADES – INCOMPATIBILIDADES

Artículo 114.- Ser legislador y las
inhabilidades establecidas para este cargo, rigen para ser convencional.

La función de convencional es incompatible con el
ejercicio simultáneo de otro cargo, empleo público nacional, provincial
o municipal, electivo o no.

PROCLAMACION – PRIMERA
REUNION

Artículo 115.- La proclamación de
los convencionales electos se realiza dentro de los noventa días del acto
eleccionario.

La primera reunión de la Convención se efectúa dentro
de los treinta días de proclamados.

ATRIBUCIONES

Artículo 116.- La Convención fija
la sede de sus reuniones, dicta su propio reglamento, nombra su personal,
confecciona su presupuesto, aprueba sus inversiones y ejercita las demás
facultades propias a su función.

PLAZOS – SANCION

Artículo 117.- La reforma total de
la Constitución debe ser sancionada dentro de los doscientos cuarenta
días y la parcial dentro de los ciento cincuenta días; ambos plazos a
contar desde la fecha de la primera reunión.

La Convención puede prorrogar el plazo por un tiempo
igual a la mitad del término establecido para cada caso con el voto de
las dos terceras partes de sus miembros.

La Convención se limita a tratar y resolver los puntos
previstos en la convocatoria, pero no está obligada a hacer la reforma
si no lo cree conveniente.

COLABORACION – INFORMACION

Artículo 118.- Toda autoridad, agente
público, entidades autárquicas o sociedades del Estado deben prestar la
colaboración e información que la Convención solicite.

ENMIENDA – RENDUM

Artículo 119.- La enmienda o reforma
de un artículo y sus concordantes puede ser sancionada por el voto de
los dos tercios de los miembros de la Legislatura; queda incorporado al
texto constitucional si es ratificado por el voto de la mayoría del Pueblo,
que es convocado al efecto o en oportunidad de la primera elección provincial
que se realice.

Para que el rendum se considere válido, se requiere
que los votos emitidos superen el cincuenta por ciento de los electores
inscriptos en los padrones electorales que correspondan a la Provincia
en dicha elección.

Reformas o enmiendas de esta naturaleza no pueden
llevarse a cabo sino con intervalo de dos años. Este sistema no es de
aplicación a las prescripciones de la Primera Parte de esta Constitución
ni a la presente Sección.

SECCION SEGUNDA

REGIMEN ELECTORAL

SUFRAGIO

Artículo 120.- El sufragio es un
derecho y un deber que corresponde a todo ciudadano domiciliado en la
Provincia y a los extranjeros, en los casos que esta Constitución determina.

El sufragio es universal, secreto y obligatorio.

La representación política tiene por base la población
y su distribución territorial.

LEY ELECTORAL

Artículo 121.- La Legislatura sanciona
la ley electoral que garantiza la representación de las minorías a través
del sistema proporcional. La lista de candidatos para los cuerpos colegiados
consigna suplentes. El reemplazo se hace de acuerdo al orden de lista
comenzando por los candidatos titulares no incorporados.

SECCION TERCERA

PODER LEGISLATIVO

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

DENOMINACION – SEDE

Artículo 122.- El Poder Legislativo
es ejercido por una Cámara denominada "Legislatura" con asiento
en la ciudad Capital de la Provincia.

INTEGRACION

Artículo 123.- La Legislatura se
integra por no menos de treinta y seis y un máximo de cuarenta y seis
legisladores elegidos directamente por el Pueblo, asegurando representación
regional con un número fijo e igualitario de legisladores por circuito
electoral; y representación poblacional tomando a la Provincia como distrito
único, con un legislador por cada veintidos mil o fracción no menor de
once mil habitantes.

Se asegura representación a las minorías.

CONDICIONES DE ELEGIBILIDAD

Artículo 124.- Para ser legislador
se requiere:

1. Haber cumplido veinticinco años de edad.

2. Ser argentino con cinco años de ejercicio de la
ciudadanía.

3. Tener cinco años de residencia en la Provincia
inmediata anterior a la elección.

4. Ser elector en el circuito por el que se postula.

DURACION – RENOVACION –
REEMPLAZO

Artículo 125.- Los legisladores duran
cuatro años en la función y son reelegibles. La Legislatura se renueva
totalmente al cumplirse dicho término.

INHABILIDADES

Artículo 126.– No pueden ser elegidos
legisladores:

1. Los militares, salvo después de cinco años del
retiro; y los eclesiásticos regulares.

2. Los destituídos de cargo público por juicio político
o por el Consejo de la Magistratura; los excluídos de la Legislatura por
resolución de la misma; los exonerados, por causa que le es imputable,
de la administración pública nacional, provincial o municipal.

3. Los incursos en causales previstas en esta Constitución
y los condenados por delitos dolosos mientras subsistan los efectos jurídicos
de la condena a la fecha del acto eleccionario.

4. Los fallidos no rehabilitados hasta la fecha del
acto eleccionario.

5. Los ministros del Poder Ejecutivo.

INCOMPATIBILIDADES

Artículo 127.- Es incompatible el
cargo de legislador con:

1. El ejercicio de profesión o empleo, con excepción
de la docencia e investigación según la reglamentación.

2. El de director, administrador, gerente, propietario
o mandatario, por sí o asociado, de empresas privadas que celebran contratos
de suministros, obras o concesiones con los gobiernos nacional, provincial,
municipal o comunal.

Los agentes públicos y de la actividad privada tienen
licencia sin goce de haberes desde su incorporación a la Legislatura y
se les reserva el cargo hasta el cese de su mandato.

INMUNIDADES

Artículo 128.– El legislador, desde
su elección, no puede ser acusado, interrogado judicialmente ni molestado
por las opiniones que emite en el desempeño de su mandato, ni es detenido,
salvo el caso de ser sorprendido in fraganti en la ejecución de delito
doloso reprimido con pena máxima superior a los tres años de prisión.

DESAFUERO

Artículo 129.- A pedido de juez competente,
la Legislatura puede, previo examen del sumario en sesión pública, suspender
con dos tercios de votos en su función al legislador y ponerlo a disposición
para su juzgamiento.

Si la Legislatura niega el allanamiento del fuero,
no se vuelve ante ella con la misma solicitud. Si accede y pasan seis
meses sin que el legislador hubiese sido condenado, éste recobra sus inmunidades
y vuelve al ejercicio de la función con sólo hacer constar las fechas.

DIETA

Artículo 130.- El legislador percibe
la remuneración que la ley determina, que no puede ser alterada en su
valor económico durante el período de su mandato.

CAPITULO II

AUTORIDADES

PRESIDENTE

Artículo 131.- El vicegobernador
es el presidente nato de la Legislatura y tiene voto sólo en caso de empate.

VICEPRESIDENTES – COMISIONES

Artículo 132.- En la primera sesión
anual la Legislatura designa por mayoría absoluta un vicepresidente primero
y un vicepresidente segundo; tienen voto en todos los casos. De igual
manera designa sus comisiones.

COMISION PERMANENTE

Artículo 133.- Antes de entrar en
receso, la Legislatura designa de su seno, una comisión permanente cuyas
funciones son: continuar con la actividad administrativa, promover la
convocatoria de la Cámara siempre que fuere necesario y preparar la apertura
del período de sesiones ordinarias.

CAPITULO III

SESIONES

ORDINARIAS

Artículo 134.- La Legislatura funciona
en sesiones ordinarias, sin ningún requisito de apertura o de clausura,
desde el 1o de marzo hasta el 30 de noviembre de cada año; puede prorrogarlas,
con comunicación a los demás poderes indicando su término.

Puede sesionar fuera del lugar de su sede pero en
el territorio de la Provincia. La resolución es tomada por mayoría absoluta
de sus miembros.

EXTRAORDINARIAS

Artículo 135.- La Legislatura es
convocada a sesiones extraordinarias por el Poder Ejecutivo o por propia
resolución. El presidente la convoca en caso de petición escrita firmada
por la cuarta parte de sus miembros, cuando un grave o urgente asunto
lo requiera. La Legislatura sólo trata el o los asuntos que motivan la
convocatoria.

Si el presidente deniega o retarda por más de diez
días la convocatoria pedida por la cuarta parte de los miembros, éstos
pueden hacer la convocatoria directamente.

QUORUM

Artículo 136.- La Legislatura sesiona
con la mayoría absoluta de sus miembros. Si fracasa una sesión por falta
de quorum, puede sesionar con la tercera parte de sus integrantes; este
quorum es válido sólo con citación especial hecha con anticipación de
cinco días y con mención expresa de los asuntos a tratar.

Se exceptúan los casos en que por esta Constitución
se exige quorum especial.

La Legislatura puede reunirse con menor número de
miembros al solo efecto de acordar las medidas necesarias para compeler
a los inasistentes y aplicar penas de multa o suspensión.

MAYORIA

Artículo 137.- Cuando esta Constitución
dispone que la mayoría requerida es sobre los miembros de la Legislatura,
se entiende que lo es sobre la totalidad de los integrantes de la misma
y, en los demás casos, sobre los presentes.

CARACTER DE LAS SESIONES

Artículo 138.- Las sesiones de la
Legislatura son públicas salvo cuando la naturaleza de los asuntos a considerar
exija lo contrario, lo que se determina por mayoría de votos.

CAPITULO IV

ATRIBUCIONES DE LA LEGISLATURA

Artículo 139.- La Legislatura tiene
las siguientes facultades y deberes:

1. Se da su propio reglamento que no puede ser modificado
sobre tablas ni en el mismo día.

2. Por desorden de conducta en el ejercicio de sus
funciones, corrige a sus miembros con dos tercios de votos, y los excluye
de su seno con los cuatro quintos de votos; por inhabilidad física o psíquica
sobreviniente, los remueve concuatro quintos de votos; sobre las renuncias
decide por simple mayoría. Aplica la pérdida automática y proporcional
de la dieta, en caso de ausencia injustificada a las sesiones.

3. Nombra de su seno comisiones investigadoras sobre
hechos determinados que sean de interés público, con las atribuciones
que expresamente le otorga el cuerpo relacionadas directamente con los
fines de la investigación.

4. Llama al recinto a los ministros con la cuarta
parte de los votos, para pedirles las explicaciones e informes que estime
conveniente, citándolos por lo menos con tres días de anticipación, salvo
caso de urgencia, comunicándoles el motivo de la citación y los puntos
sobre los cuales deberán informar; están obligados a concurrir y a suministrar
los informes.

5. Requiere a los Poderes Judicial o Ejecutivo, a
reparticiones autárquicas y a sociedades o particulares que exploten concesiones
de servicios públicos, los informes que considere necesarios conforme
lo reglamente.

6. Toma juramento al gobernador y al vicegobernador,
autoriza o deniega las licencias que solicite cuando la ausencia fuera
superior a diez días.

7. Designa los senadores nacionales.

8. Establece anualmente el presupuesto de gastos y
cálculo de recursos, y aprueba o impugna las cuentas de inversión. En
caso que el Poder Ejecutivo no remita el proyecto de ley de presupuesto
dentro de los dos meses de iniciado el período ordinario de sesiones,
la Legislatura considera el vigente y efectúa las modificaciones que estime
necesarias. La falta de sanción del proyecto en lo que resta del año,
autoriza al Poder Ejecutivo a aplicar el vigente como ley de presupuesto
para el año próximo. La cantidad de cargos y el monto de sueldos proyectados
por el Poder Ejecutivo en la ley de presupuesto, no pueden ser aumentados
en ésta y dichos incrementos sólo se hacen por medio de proyectos de ley
que siguen el trámite ordinario.

9. Acuerda subsidios del tesoro provincial a las municipalidades
y a las comunas cuyas rentas no alcancen, según sus presupuestos, a cubrir
sus gastos ordinarios.

10. Considera el pago de la deuda interna y externa
de la Provincia.

11. Acuerda amnistías.

12. Autoriza la cesión de tierras de la Provincia
para objetos de utilidad pública nacional, provincial, municipal o comunal,
con los dos tercios de los votos presentes.

13. Sanciona la ley general de educación, de funciones
y atribuciones del Consejo Provincial de Educación.

14. Dicta los códigos: electoral, de procedimientos
judiciales, administrativo y minero, de faltas, rural, bromatológico,
alimentario, de aguas y leyes orgánicas de los Poderes Judicial, Ejecutivo
y Municipal, registro civil, contabilidad, bosques y vial. Los códigos
de procedimientos judiciales deben ajustarse a los principios básicos
de la oralidad y publicidad, y garantizan el recurso ordinario de apelación
cuando la sentencia definitiva no fuera dictada por un órgano jurisdiccional
colegiado. En materia criminal rige el sistema de la libre convicción
y los recursos extraordinarios no pueden ser limitados por el tipo de
delito y naturaleza o monto de la pena.

15. Dicta las leyes impositivas, que rigen en tanto
no las derogue o modifique por otra ley especial.

16. Establece la división administrativa y política;
sólo podrá modificarse esta última con el voto de los dos tercios de los
miembros presentes.

17. Sanciona las leyes necesarias y convenientes para
la efectivización de todas las facultades, poderes, derechos y obligaciones
que por esta Constitución correspondan a la Provincia, sin otra limitación
que la que resulte de la presente Constitución o de la Nacional. Todas
las leyes deben ajustarse necesariamente a la orientación y los principios
contenidos en esta Constitución quedando absolutamente prohibido sancionar
leyes que importen privilegios. La facultad legislativa, rida a todos
los poderes no delegados al gobierno de la Nación, se ejercita sin otras
limitaciones de materia y de persona que las anteriormente previstas,
teniendo los incisos de este artículo un carácter exclusivamente enunciativo.-

18. Ejerce las demás atribuciones previstas en esta
Constitución.

CAPITULO V

DE LAS LEYES: FORMACION
Y SANCION

INICIATIVA

Artículo 140.- Toda ley tiene origen
en la Legislatura por proyectos de sus miembros y de quienes esta Constitución
acuerda iniciativa parlamentaria.

APROBACION

Artículo 141.- Todo proyecto es aprobado
por mayoría absoluta o especial, según el caso, por votaciones en general
y en particular de cada uno de los artículos.

Una vez aprobado, se difunde a la población de la
Provincia por los medios de comunicación a los efectos de conocer la opinión
popular, conforme al reglamento.

SANCION

Artículo 142.- Transcurridos quince
días desde la aprobación se someterá a nueva votación en general y en
particular; si obtiene la mayoría requerida queda sancionada como ley.

EXCEPCIONES

Artículo 143.- Se excluyen del trámite
prescripto:

1. Los proyectos que ratifican los convenios suscriptos
por el Poder Ejecutivo y el proyecto de ley de presupuesto.

2. Los proyectos que remita el Poder Ejecutivo, previo
acuerdo general de ministros, con carácter de urgencia. Estas excepciones
se sancionan en una única vuelta.

PROMULGACION – VETO

Artículo 144.- Sancionado un proyecto
de ley por la Legislatura, se remite al Poder Ejecutivo para que lo promulgue
y publique, o lo vete en todo o en parte dentro del término de diez días
de su recibo. Vencido el plazo y no vetado el proyecto, si el Poder Ejecutivo
no hubiera efectuado su publicación, lo hace la Legislatura.-

INSISTENCIA

Artículo 145.- Desechado en todo
o en parte un proyecto de ley por el Poder Ejecutivo, vuelve con sus objeciones
a la Legislatura y si ésta insiste en su sanción con los dos tercios de
votos, es ley y pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación y publicación
en la forma dispuesta en el artículo anterior. No reuniéndose los dos
tercios para su insistencia ni mayoría para aceptar las modificaciones
propuestas por el Poder Ejecutivo, no puede repetirse en las sesiones
de ese año.-

PROMULGACION PARCIAL

Artículo 146.- Vetado en parte un
proyecto por el Poder Ejecutivo no podrá éste promulgar la parte no vetada,
excepto respecto a la ley de presupuesto que cuando fuere vetada sólo
será reconsiderada en la parte observada, quedando en vigencia lo restante.

FORMULA

Artículo 147.- En la sanción de las
leyes se usará esta fórmula: "La Legislatura de la Provincia de Río
Negro sanciona con fuerza de ley".-

OBLIGATORIEDAD

Artículo 148.- Las leyes son obligatorias
después de su publicación y desde el día que en ellas se determina.

Si no designan tiempo, las leyes son obligatorias
ocho días después de su publicación.-

REVOCATORIA

Artículo 149.- Todo habitante de
la Provincia puede peticionar la revocatoria de una ley a partir de su
promulgación.

La ley determina el funcionamiento del registro de
adhesiones, los plazos y el réndum obligatorio.

CAPITULO VI

JUICIO POLITICO

FUNCIONARIOS INCLUIDOS

Artículo 150.- El gobernador, el
vicegobernador, y sus reemplazantes legales cuando ejerzan el Poder Ejecutivo,
los ministros, los magistrados del Superior Tribunal y los demás funcionarios
que establezca esta Constitución y las leyes están sujetos a juicio político.
Pueden ser denunciados ante la Legislatura por incapacidad física o mental
sobreviniente, por delitos en el desempeño de sus funciones, por delitos
comunes o por falta de cumplimiento de los deberes a su cargo.

DENUNCIA

Artículo 151.- Cualquier miembro
de la Legislatura o habitante de la Provincia puede denunciar ante la
sala acusadora el delito, falta o incapacidad a efectos de que se promueva
juicio.

COMPOSICION

Artículo 152.- La Legislatura en
su primera sesión ordinaria, se divide en dos salas por sorteo proporcional
en cada una de ellas, de acuerdo a la integración política de la misma,
para la tramitación del juicio político. La primera tiene a su cargo la
acusación y la segunda el juzgamiento. La sala acusadora es presidida
por un legislador elegido de su seno y la juzgadora por el presidente
del Superior Tribunal de Justicia y si éste fuera el enjuiciado o estuviera
impedido, por el sustituto o reemplazante legal.

SALA ACUSADORA

Artículo 153.- La sala acusadora
nombra en la misma sesión una comisión acusadora, no pudiendo facultar
al presidente para que la designe. Tiene por objeto investigar la verdad
de los hechos en que se funde la acusación; tiene para ese efecto las
más amplias facultades.

PROCEDIMIENTO

Artículo 154.- La comisión termina
sus diligencias en el perentorio término de cuarenta días y presenta dictamen
a la sala acusadora, la que sólo puede aceptarlo por el voto de las dos
terceras partes de sus miembros presentes.

SUSPENSION

Artículo 155.- Desde el momento en
que la sala acusadora acepta la denuncia, el acusado queda suspendido
en el ejercicio de sus funciones, sin goce de sueldo.

COMISION ACUSADORA

Artículo 156.- Admitida la acusación
por la sala acusadora, ésta nombra una comisión de tres integrantes para
que la sostenga ante la segunda sala que se constituye en tribunal de
sentencia, previo juramento de sus miembros.

PROCEDIMIENTO

Artículo 157.- Entablada la acusación
por la sala acusadora, el tribunal de sentencia procede a conocer la causa,
que falla antes de treinta días. Si vencido ese término no hubiese fallado,
el acusado vuelve al ejercicio de sus funciones.

GARANTIA DE DEFENSA

Artículo 158.- La ley establece el
procedimiento, garantizando la defensa y el descargo del acusado.

Todas las garantías y derechos reconocidos por esta
Constitución y la Nacional, para los juicios de naturaleza penal, son
de aplicación obligatoria y pueden invocarse por los interesados durante
el proceso. La ley no puede retacear el derecho del denunciante mediante
impuesto, fianza, cauciones u otros gravámenes o requisitos no previstos
por esta Constitución.

VOTACION

Artículo 159.- Ningún acusado puede
ser declarado culpable sino por el voto de los dos tercios de la totalidad
de los miembros del tribunal de sentencia. La votación es nominal.

FALLO

Artículo 160.- El fallo no tiene
más efecto que destituir al acusado y aún inhabilitarlo para ejercer cargos
públicos por tiempo determinado, quedando siempre sujeto a juicio, conforme
a las leyes, ante los tribunales ordinarios.

CAPITULO VII

ORGANOS DE CONTROL EXTERNO

TRIBUNAL DE CUENTAS – INTEGRACION

Artículo 161.- El Tribunal de Cuentas
es órgano de contralor externo con autonomía funcional e integrado por
tres miembros.

REQUISITOS

Artículo 162.- Para ser miembro del
Tribunal de Cuentas se requieren iguales exigencias que para ser legislador
y, además, título de abogado o graduado en ciencias económicas, debiendo
acreditar diez años de ejercicio de la profesión.

ATRIBUCIONES

Artículo 163.- El Tribunal de Cuentas
tiene las siguientes facultades y deberes:

1. Controla la legitimidad de lo ingresado e invertido
en función del presupuesto por la administración centralizada y descentralizada,
empresas del Estado, sociedades con par ticipación estatal, beneficiarios
de aportes provinciales, como así también los municipios que lo soliciten.

2. Vigila el cumplimiento de las disposiciones legales
y procedimientos administrativos; inspecciona las oficinas públicas que
administran fondos, tomando las medidas necesarias para prevenir irregularidades;
promueve juicio de cuentas y juicio de responsabilidad a funcionarios
y empleados, aún después de cesar en sus cargos y a todos sus efectos,
por extralimitación o cumplimiento irregular, en la forma que establezca
la ley; de resultar necesaria la promoción de investigaciones, da traslado
al Fiscal de Investigaciones Administrativas.

3. Dictamina sobre las cuentas de inversión del presupuesto
que el Poder Ejecutivo presenta a la Legislatura para su aprobación.

4. Provee a la designación de los órganos de fiscalización
interna y externa de las empresas, sociedades, entidades crediticias,
entes y organismos autárquicos del Estado.

5. Informa anualmente a la Legislatura sobre los resultados
del control que realiza y emite opinión sobre los procedimientos administrativos
en uso, sin perjuicio de los informes que puede elevar en cualquier momento
por graves incumplimientos o irregularidades.

6. Elabora y eleva su proyecto de presupuesto anual;
designa y remueve su personal.

FISCAL DE INVESTIGACIONES
ADMINISTRATIVAS – FUNCIONES

Artículo 164.- Corresponde al Fiscal
de Investigaciones Adminis trativas la promoción de las investigaciones
de las conductas administrativas de los funcionarios y agentes de la administración
pública, de los entes descentralizados, autárquicos, de las empresas y
sociedades del Estado o controlados por él.

REQUISITOS

Artículo 165.- Para ser designado
Fiscal de Investigaciones Administrativas se requieren las mismas exigencias
que para ser miembro del Superior Tribunal de Justicia, teniendo iguales
derechos, incompatibilidades e inmunidades.

DISPOSICIONES COMUNES

Artículo 166.- Los miembros del Tribunal
de Cuentas y el Fiscal de Investigaciones Administrativas son designados
por la Legislatura a propuesta del Poder Ejecutivo. Duran seis años en
las funciones y pueden ser redesignados. Se remueven por las causales
y procedimientos del juicio político.

DEFENSOR DEL PUEBLO

Artículo 167.- Corresponde al Defensor
del Pueblo la defensa de los derechos individuales y colectivos frente
a los actos, hechos u omisiones de la administración pública provincial.
Supervisa la eficacia en la prestación de los servicios públicos. De advertir
infracciones o delitos en materia administrativa, da intervención al Fiscal
de Investigaciones Administrativas. Sus funciones son reglamentadas por
ley y su actuación se funda en los principios de informalismo, gratuidad,
impulsión de oficio, sumariedad y accesibilidad.

REQUISITOS – CONDICIONES
– DURACION – INFORME ANUAL

Artículo 168.- Debe tener los mismos
requisitos que para ser legislador; le comprenden sus mismas inhabilidades,
incompatibilidades e inmunidades y no puede ser removido sino por las
causales y el procedimiento establecido para el juicio político. Es designado
por la Legislatura con el voto de los dos tercios de sus miembros.

Dura cinco años en la función y puede ser redesignado.

Está obligado a rendir un informe anual a la Legislatura
antes de la finalización de cada período ordinario de sesiones, el que
es tratado en sesión especial; puede elevar informes extraordinarios cuando
lo estime necesario.

REGLAMENTACION

Artículo 169.- La ley establece la
organización, funciones, competencia, procedimientos y situación institucional
del Tribunal de Cuentas, Fiscalía de Investigaciones Administrativas y
Defensor del Pueblo.

SECCION CUARTA

PODER EJECUTIVO

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

GOBERNADOR Y VICEGOBERNADOR

Artículo 170.- El Poder Ejecutivo
de la Provincia es ejercido por un ciudadano con el título de gobernador.
Su reemplazante legal es el vicegobernador, elegido al mismo tiempo y
por igual período.

CONDICIONES DE ELEGIBILIDAD

Artículo 171.- Para ser elegido gobernador
o vicegobernador se requiere:

1. Haber cumplido treinta años de edad.

2. Ser argentino, con cinco años de ciudadanía en
ejercicio.

3. Tener diez años de residencia en la Provincia con
cinco años inmediatos anteriores a la elección.

INHABILIDADES

Artículo 172.- No pueden ser elegidos
gobernador o vicegobernador:

1. Los cónyuges y parientes hasta el segundo grado
de consanguinidad o afinidad del gobernador o vicegobernador, en el mismo
período o en el siguiente al mandato ejercido.

2. Las demás inhabilidades previstas para el legislador.

ELECCION

Artículo 173.- El gobernador y el
vicegobernador son elegidos directamente por el Pueblo a simple pluralidad
de sufragios, constituyendo la Provincia a ese efecto un solo distrito
electoral.

En caso de empate decide la Legislatura.

DURACION DEL MANDATO

Artículo 174.- El gobernador y el
vicegobernador duran cuatro años en el ejercicio de sus funciones y cesan
en ellas el mismo día en que expira el período, sin que pueda prorrogarse
el término por evento alguno ni tampoco completarse cuando haya sido interrumpido
por cualquier causa.

REELECCION

Artículo 175.- El gobernador y el
vicegobernador pueden ser reelectos o sucederse recíprocamente por un
nuevo período y por una sola vez.

Si han sido reelectos o se han sucedido recíprocamente,
no pueden ser elegidos para ninguno de ambos cargos sino con un período
de intervalo.

JURAMENTO

Artículo 176.- Al tomar posesión
del cargo, el gobernador y el vicegobernador prestan juramento ante la
Legislatura, en sesión especial. En su defecto, lo hacen ante el Superior
Tribunal de Justicia.

INMUNIDADES

Artículo 177.- El gobernador y el
vicegobernador, desde el día de su elección hasta el de su cese, gozan
de las mismas inmunidades que los legisladores.

AUSENCIAS

Artículo 178.- El gobernador y el
vicegobernador no pueden ausentarse del territorio provincial por más
de diez días sin autorización de la Legislatura. Si ésta estuviere en
receso se le dará cuenta oportunamente.

El gobernador y el vicegobernador no pueden ausentarse
simultáneamente del territorio provincial.

EMOLUMENTOS – INCOMPATIBILIDADES

Artículo 179.- El gobernador y el
vicegobernador perciben la retribución que la ley determina, que no puede
ser alterada en su valor económico durante el período de sus mandatos.

No pueden ejercer otro empleo ni percibir otro emolumento,
salvo las rentas propias.

ACEFALIA

Artículo 180.- La acefalía se resuelve
con sujeción a las siguientes reglas:

1. El vicegobernador reemplaza al gobernador en caso
de ausencia o inhabilidad temporaria y hasta que cesa la misma.

2. En caso de fallecimiento, destitución, renuncia
o inhabilidad definitiva del gobernador, antes o después de su asunción,
lo reemplaza el vicegobernador hasta el término del mandato.

3. Si la inhabilidad o causa temporal afectare simultáneamente
al gobernador y al vicegobernador en ejercicio, se hace cargo del Poder
Ejecutivo, hasta el cese de la inhabilidad o causa motivante, el vicepresidente
primero o, en su defecto, el vicepresidente segundo de la Legislatura.

4. En caso de fallecimiento, destitución, renuncia
o inhabilidad definitiva del gobernador y del vicegobernador y faltando
más de dos años para completar el período, se convoca a elecciones dentro
de los sesenta días, lapso en que se aplica el inciso anterior. El Superior
Tribunal de Justicia suple la omisión de la convocatoria.

5. En el caso del inciso anterior, si faltare menos
de dos años para completar el período, la elección la hace la Legislatura
de su seno, por mayoría absoluta de votos en la primera votación y por
simple mayoría en la segunda.

6. En caso de fallecimiento, destitución, renuncia
o inhabilidad definitiva del vicegobernador, lo designa la Legislatura,
a propuesta del Poder Ejecutivo y en la forma prevista en el inciso anterior.

7. Si el día en que debe cesar el gobernador saliente
no estuviere proclamado el nuevo, el presidente del Superior Tribunal
de Justicia desempeña el cargo mientras dura esa situación, con las funciones
limitadas que tiene el interventor federal en esta Constitución.

CAPITULO II

ATRIBUCIONES

DEL GOBERNADOR

Artículo 181.- El gobernador tiene
las siguientes facultades y deberes:

1. Ejerce la representación oficial de la Provincia
y es el jefe de la administración provincial. Ejecuta las leyes.

2. Nombra y remueve por sí y sin refrendo a los ministros.

3. Nombra y remueve a los agentes públicos para los
cuales esta Constitución o las leyes respectivas no establecen otra forma
de nombramiento o remoción.

4. Indulta o conmuta penas por delitos sujetos a la
jurisdicción provincial, previo informe favorable del tribunal correspondiente.
No ejerce esta atribución cuando se trate de delitos electorales o delitos
cometidos por agentes públicos en ocasión de sus funciones.

5. Expide las instrucciones, decretos y reglamentos
necesarios para poner en ejercicio las leyes, no pudiendo alterar su espíritu
con excepciones reglamentarias.

6. Puede dictar decretos sobre materias de competencia
legislativa en casos de necesidad y urgencia, o de amenaza grave e inminente
al funcionamiento regular de los poderes públicos, en acuerdo general
de ministros, previa consulta al fiscal de estado y al presidente de la
Legislatura. Informa a la Provincia mediante mensaje público. Debe remitir
el decreto a la Legislatura dentro de los cinco días de dictado, convocando
simultáneamente a sesiones extraordinarias si estuviere en receso, bajo
apercibimiento de perder su eficacia en forma automática. Transcurridos
noventa días desde su recepción por la Legislatura, sin haber sido aprobado
o rechazado, el decreto de necesidad y urgencia queda convertido en ley.

7. Conoce y resuelve los recursos administrativos
que se deduzcan contra sus propios actos, los de sus inferiores jerárquicos
y entes autárquicos provinciales, siendo sus decisiones recurribles ante
la justicia.

8. Concurre a la formación de las leyes y ejerce el
derecho de iniciativa; participa en la discusión por sí o por medio de
sus ministros; las veta, promulga y publica con arreglo a esta Constitución.

9. Concurre a la apertura de las sesiones ordinarias
de la Legislatura; da cuenta del estado de la administración y recomienda
las medidas que juzgue necesarias y convenientes.

10. Convoca a la Legislatura a sesiones extraordinarias
o dispone la prórroga de las ordinarias cuando graves problemas lo requieran.

11. Presenta el proyecto de ley de presupuesto general
de la Provincia y el plan de recursos, en los dos últimos meses de sesiones
ordinarias de la Legislatura.

12. Da cuenta a la Legislatura del uso del presupuesto
del último ejercicio en los dos primeros meses de las sesiones ordinarias.

13. Celebra y firma tratados o convenios internacionales,
con la Nación y con las demás Provincias; da previo conocimiento sobre
sus pautas y requiere su posterior ratificación de la Legislatura.

14. Celebra y firma por sí iguales tratados o convenios
en asuntos de su exclusiva competencia, dando conocimiento posterior a
la Legislatura.

15. Tiene la iniciativa exclusiva para la sanción
de leyes de creación de entes autárquicos y empresas del Estado; dispone
la participación en sociedades del Estado Nacional, interprovinciales
o mixtas, con acuerdo de la Legislatura.

16. Recauda las rentas provinciales; dispone su inversión
de acuerdo a las leyes y publica trimestralmente el estado de tesorería.

17. Ejerce el poder de policía de la Provincia; adopta
las medidas conducentes para conservar la seguridad y el orden; asegura
el auxilio de la fuerza pública cuando sea solicitada por los tribunales
de justicia, autoridades y funcionarios que por esta Constitución y las
leyes estén autorizados para recabarla, debiendo el requerimiento ser
presentado directamente a la autoridad policial del lugar.

18. Convoca a elecciones, consultas, rendum o
revocatorias populares, sin que por ningún motivo pueda diferirlas.

19. Informa pública y permanentemente sobre los actos
de gobierno a través de los medios de comunicación masiva, sin discriminación
ideológica entre ellos. La información debe ser veraz y objetiva.

20. Y demás atribuciones y deberes que le acuerda
esta Constitución.

DEL VICEGOBERNADOR

Artículo 182.– El vicegobernador
tiene las siguientes facultades y deberes:

1. Reemplaza al gobernador conforme a esta Constitución.

2. Preside la Legislatura, con voto en caso de empate.

3. Es colaborador directo del gobernador. Puede asistir
a los acuerdos de ministros y suscribir los decretos que se elaboren en
los mismos.

4. Es el nexo institucional entre los Poderes Ejecutivo
y Legislativo.

CAPITULO III

MINISTROS

FUNCIONES

Artículo 183.- El despacho de los
asuntos de la Provincia está a cargo de ministros que refrendan y legalizan
con sus firmas los actos del gobernador, sin la cual carecen devalidez.

Una ley especial fija su número, ramas y funciones.

REQUISITOS – INMUNIDADES

Artículo 184.- Para ser ministro
se requieren las mismas condiciones exigidas que para ser legislador.
Tiene las mismas inhabilidades que éste.

No pueden ser designados los cónyuges ni los parientes
dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad de quien ejerce
la función de gobernador o vicegobernador.

Los ministros tienen las mismas inmunidades que los
legisladores.

RESPONSABILIDAD

Artículo 185.- Cada ministro es solidariamente
responsable de los actos que legaliza y de los que acuerda con sus pares.

FACULTADES

Artículo 186.- Los ministros toman
por sí todas las resoluciones que la ley les autoriza de acuerdo con su
competencia y dictan las providencias de trámite.

Pueden participar en las sesiones de la Legislatura
y tienen la obligación de informar ante ella, cuando les fuera requerido.
En los casos de las sesiones secretas, juicio político, adopción de medidas
contra un legislador o disciplinarias respecto a terceras personas, sólo
participan previa resolución de la Legislatura.

SUPLENCIA

Artículo 187.- En caso de licencia
o de impedimento de alguno de los ministros, el gobernador encarga a otro
el despacho correspondiente a su cartera por un período no mayor de sesenta
días y hasta que aquel se reintegre a sus funciones o se designe un nuevo
titular.

PROHIBICION

Artículo 188.– Los ministros no pueden
aceptar candidaturas a cargos municipales, provinciales o nacionales.

REMUNERACION

Artículo 189.- Los ministros perciben
por sus servicios un sueldo establecido por ley, que no puede ser alterado
en su valor económico durante el ejercicio de su función.

CAPITULO IV

ORGANOS DE CONTROL INTERNO

FISCALIA DE ESTADO – FUNCIONES

Artículo 190.- Corresponde a la Fiscalía
de Estado el control de legalidad de los actos administrativos del Estado
y la defensa de su patrimonio. Es parte necesaria y legítima en todo proceso
en los que se controviertan intereses de la Provincia y en los que ésta
actúe de cualquier forma.

CONTADURIA GENERAL – FUNCIONES

Artículo 191.- Corresponde a la Contaduría
General el registro y control interno de la hacienda pública. Autoriza
los pagos con arreglo a la ley de presupuesto y leyes especiales, puede
delegar ésta atribución en los casos que la ley establece.

Los Poderes Legislativo y Judicial y las entidades
autárquicas tienen sus propias contadurías que mantienen relación funcional
directa con la Contaduría General.

REQUISITOS

Artículo 192.- Para ser fiscal de
estado se requieren las mismas condiciones que las exigidas para ser miembro
del Superior Tribunal de Justicia; tiene iguales inhabilidades, derechos,
incompatibilidades e inmunidades.

Para ser contador general se requiere ser argentino,
tener treinta años de edad y título de contador público nacional, debiendo
acreditar diez años de ejercicio profesional; es incompatible con cualquier
otra actividad pública o privada.

DESIGNACION – DURACION
– REMOCION

Artículo 193.- El fiscal de estado
y el contador general son designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo
de la Legislatura.

Duran en sus funciones el mismo período constitucional
que el gobernador y pueden ser redesignados. Son removidos por las causales
y procedimientos del juicio político.

COMISION DE TRANSACCIONES
JUDICIALES – FUNCIONES

Artículo 194.- Corresponde a la Comisión
de Transacciones Judiciales dictaminar sobre toda propuesta de transacción
que sea recibida, o promovida por los órganos que ejercen la representación
del Estado provincial, a causa de juicios que revistan trascendencia económica,
social o política, teniendo en cuenta la conveniencia patrimonial y de
conformidad con los principios éticos propios de la actividad del Estado.

REGLAMENTACION

Artículo 195.– La ley establece la
organización, funciones, competencia y procedimientos de la Fiscalía de
Estado, Contaduría General y Comisión de Transacciones Judiciales.

SECCION QUINTA

PODER JUDICIAL

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

UNIDAD DE JURISDICCION

Artículo 196.- Corresponde al Poder
Judicial el ejercicio exclusivo de la función judicial. Tiene el conocimiento
y la decisión de las causas que se le someten.

A pedido de parte o de oficio, verifica la constitucionalidad
de las normas que aplica.

En ningún caso el Poder Ejecutivo ni el Poder Legislativo
ejercen dichas funciones ni se arrogan el conocimiento de las causas pendientes
o restablecen las fenecidas.

COMPOSICION

Artículo 197.- El Poder Judicial
de la Provincia es ejercido por un Superior Tribunal, demás tribunales
y jurados que establece la ley, la que también determina su número, composición,
sede, competencia, modos de integración y reemplazos.

INHABILIDADES

Artículo 198.- No pueden ser designados:

1. Los militares, salvo después de cinco años de su
retiro y los eclesiásticos regulares.

2. Los destituídos de cargo público por juicio político
o por el Consejo de la Magistratura; los excluídos de la Legislatura por
resolución de la misma; los exonerados por causa que le es imputable,
de la administración pública nacional, provincial o municipal.

3. Los incursos en causas previstas en esta Constitución
y los condenados por delitos dolosos mientras subsistan los efectos jurídicos
de la condena a la fecha de la designación.

4. Los fallidos no rehabilitados hasta la fecha de
la designación.

INAMOVILIDAD E INMUNIDADES

Artículo 199.– Los magistrados y
funcionarios judiciales son inamovibles, en consecuencia:

1. Sólo son sancionados, o destituídos por:

a. Mal desempeño de la función.

b. Graves desarreglos de conducta.

c. Comisión de delito.

d. Violación a las prohibiciones establecidos en esta
Constitución o incumplimiento de los deberes fijados en ella o en su reglamentación.

2. Son removidos previa declaración de ineptitud física
o psíquica sobreviniente.

3. No son trasladados ni ascendidos sin su previo
consenti miento expreso.

4. No es disminuída la remuneración mensual con que
son retribuídos, la que deberá mantener su valor económico pero sujeta
a los aportes previsionales y a los impuestos y contribuciones generales.

Tienen las mismas inmunidades de arresto y sometimiento
a juicio que los legisladores.

DEBERES

Artículo 200.- Son deberes de los
magistrados y funcionarios judiciales, sin perjuicio de otros que la reglamentación
establezca, resolver las causas en los plazos fijados por las leyes procesales,
con fundamentación razonada y legal.

PROHIBICIONES

Artículo 201.- Es prohibido a los
magistrados y funcionarios judiciales:

1. Realizar actos que comprometan la imparcialidad
de sus funciones.

2. Participar en política partidaria.

3. Ejercer profesión o empleo, con excepción de la
docencia o investigación según la reglamentación.

CAPITULO II

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA

INTEGRACION

Artículo 202.- El Superior Tribunal
de Justicia se compone de un número impar que no es inferior a tres ni
superior a cinco miembros. Podrá aumentarse su número o dividirse en salas
por ley que requerirá el voto favorable de los dos tercios del total de
los integrantes de la Legislatura.

Elige anualmente entre sus miembros un presidente.

REQUISITOS

Artículo 203.- Para ser miembro del
Superior Tribunal de Justicia se requiere:

1. Haber cumplido treinta años de edad.

2. Ser argentino con diez años de ejercicio de la
ciudadanía.

3. Tener diez años de ejercicio de la abogacía, de
la magistratura judicial o del ministerio público.

4. Tener dos años de residencia en la Provincia inmediatos
anteriores a la designación.

DESIGNACION

Artículo 204.- Los miembros del Superior
Tribunal de Justicia son designados por un Consejo integrado por el gobernador
de la Provincia, tres representantes de los abogados por cada circunscripción
judicial, electos de igual forma y por igual período que los representantes
del Consejo de la Magistratura e igual número total de legisladores, con
representación minoritaria, conforme lo determina la Legislatura. Los
candidatos son propuestos tanto por el gobernador como por un veinticinco
por ciento, por lo menos, del total de los miembros del Consejo.

El gobernador convoca al Consejo y lo preside, con
doble voto en caso de empate. La asistencia es carga pública. La decisión
se adopta por simple mayoría y es cumplimentada por el Poder Ejecutivo.

También compete al Consejo expedirse sobre la renuncia
de los integrantes del Superior Tribunal de Justicia.

La ley reglamenta la organización y funcionamiento
del Consejo.

DESTITUCION

Artículo 205.- Los miembros del Superior
Tribunal de Justicia son destituídos por las causales previstas en el
Capítulo Primero y con las formas dispuestas para el juicio político.

ATRIBUCIONES

Artículo 206.- El Superior Tribunal
de Justicia tiene las si guientes facultades y deberes:

1. Representa al Poder Judicial y dicta el reglamento
interno atendiendo a los principios de celeridad, eficiencia y descentralización.

2. Ejerce la superintendencia de la administración
de justicia, sin perjuicio de la intervención del ministerio público y
de la delegación que establezca respecto de los tribunales inferiores
de cada circunscripción.

3. Designa los miembros que lo representan en los
cuerpos previstos en esta Constitución y en las leyes.

4. Ejerce el derecho de iniciativa en materia judicial,
pudiendo designar un miembro para que concurra al seno de las comisiones
legislativas para fundamentar los proyectos y brindar informes.

5. Informa anualmente al Poder Legislativo sobre la
actividad de los tribunales.

6. Inspecciona periódicamente los tribunales y supervisa
con los demás jueces las cárceles provinciales.

7. Impone a magistrados y funcionarios sanciones de
prevención o apercibimiento, con resguardo del derecho de defensa. Cuando
considera que la falta probada puede requerir una sanción mayor, remite
lo actuado al Consejo de la Magistratura.

8. Crea el instituto para la formación y perfeccionamiento
de magistrados y funcionarios judiciales, con reglamentación de funcionamiento.

COMPETENCIA

Artículo 207.- El Superior Tribunal
de Justicia tiene, en lo jurisdiccional, las siguientes atribuciones:

1. Ejerce la jurisdicción originaria y de apelación
para conocer y resolver acerca de la constitucionalidad o inconstitucionalidad
de las normas que estatuyan sobre materias regidas por esta Constitución
y que se controviertan por parte interesada. En la vía originaria podrá
promoverse la acción sin lesión actual.

2. Ejerce jurisdicción originaria y exclusiva en los
siguientes casos:

a. En las causas que le fueran sometidas sobre competencia
y facultades entre poderes públicos o entre tribunales inferiores, salvo
que éstos tengan otro superior común.

b. En los conflictos de poderes de los municipios,
entre distintos municipios o entre éstos con autoridades de la Provincia.

c. En los recursos de revisión.

d. En las acciones por incumplimiento en el dictado
de una norma que impone un deber concreto al Estado Provincial o a los
municipios, la demanda puede ser ejercida -exenta de cargos fiscales-
por quien se sienta afectado en su derecho individual o colectivo. El
Superior Tribunal de Justicia fija el plazo para que se subsane la omisión.
En el supuesto de incumplimiento, integra el orden normativo resolviendo
el caso con efecto limitado al mismo y, de no ser posible, determina el
monto del resarcimiento a cargo del Estado conforme al perjuicio indemnizable
que se acredite.

3. Ejerce jurisdicción como tribunal de última instancia
en los recursos que se deduzcan contra los fallos de los demás tribunales
inferiores, acordados en las leyes de procedimiento.

ABROGACION

Artículo 208.- Cuando el Superior
Tribunal de Justicia, en juicio contencioso, declara por unanimidad y
por tercera vez la inconstitucionalidad de un precepto materia de litigio
contenido en una norma provincial o municipal puede, en resolución expresa
dictada por separado, declarar abrogada la vigencia de la norma inconstitucional
que deja de ser obligatoria a partir de su publicación oficial.

Si la regla en cuestión fuere una ley, el Superior
Tribunal de Justicia debe dirigirse a la Legislatura a fin de que proceda
a eliminar su oposición con la norma superior. Se produce la derogación
automática de no adoptarse aquella decisión en el término de seis meses
de recibida la comunicación del Superior Tribunal de Justicia quien ordena
la publicación del fallo.

CAPITULO III

TRIBUNALES DE GRADO

ORGANIZACION Y COMPETENCIA

Artículo 209.- La ley determina la
organización y competencia de las cámaras, tribunales y juzgados dividiendo
a la Provincia en circunscripciones judiciales.

Los jueces del trabajo tienen competencia contencioso-administrativa
en materia laboral.

REQUISITOS

Artículo 210.- Para ser juez se requiere:

1. Haber cumplido treinta años de edad.

2. Ser argentino con cinco años de ejercicio de la
ciudadanía.

3. Tener dos años de residencia en la Provincia, inmediatos
anteriores a la designación.

4. Tener, cuando menos, cinco años de ejercicio como
abogado, magistrado o funcionario judicial.

En la Justicia Especial Letrada, si no hubiere postulantes
con los requisitos señalados, la ley fija las condiciones para acceder
al cargo.

DESIGNACION – REMOCION

Artículo 211.- Los jueces son designados
y destituídos por el Consejo de la Magistratura. La decisión es cumplimentada
por el Superior Tribunal de Justicia.

JUSTICIA ESPECIAL LETRADA

Artículo 212- La Justicia Especial
Letrada se organiza bajo un sistema descentralizado, con competencia para
la atención de asuntos de menor cuantía en lo Civil, Comercial y Laboral,
y demás cuestiones que la ley asigna.

JUSTICIA ELECTORAL

Artículo 213.- La Justicia Electoral
tiene la estructura, competencia y atribuciones que la ley establece y
entre otras, las siguientes:

1. Confecciona los padrones electorales.

2. Oficializa las candidaturas y boletas que se utilizan
en los comicios, decidiendo en caso de impugnación si concurren en los
candidatos y electos los requisitos legales.

3. Designa los miembros de las mesas receptoras de
votos y dispone lo necesario a la organización y funcionamiento de los
comicios.

4. Practica los escrutinios definitivos, en acto público.

5. Proclama a los electos y determina los suplentes.

6. Juzga la validez de las elecciones.

JUSTICIA DE PAZ

Artículo 214.- En los municipios
y comunas se organizan Juzgados de Paz para la solución de cuestiones
menores o vecinales, contravenciones y faltas provinciales que sustancian
con procedimiento verbal, sumarísimo, gratuito y de características arbitrales.

Hasta tanto los municipios y comunas no instrumenten
órganos específicos, los jueces de paz conocen también en materia de contravenciones
o faltas comunales.

La ley determina las calidades requeridas para el
nombramiento de los jueces de paz así como el sistema de designaciones
y destituciones, superintendencia y régimen disciplinario.

CAPITULO IV

MINISTERIO PUBLICO

ORGANIZACION

Artículo 215.- El ministerio público
forma parte del Poder Judicial, con autonomía funcional. Está integrado
por un Procurador General y por los demás funcionarios que de él

dependen de acuerdo a la ley. Ejerce sus funciones
con arreglo a los principios de legalidad, imparcialidad, unidad de actuación
y dependencia jerárquica en todo el territorio provincial.

El Procurador General fija las políticas de persecución
penal y expide instrucciones generales conforme al párrafo anterior.

Tiene a su cargo la superintendencia del ministerio
público.

REQUISITOS

Artículo 216.- El Procurador General
debe reunir las condiciones exigidas para ser miembro del Superior Tribunal
de Justicia.

Los demás funcionarios del ministerio público requieren
para ser designados:

1. Haber cumplido veinticinco años de edad.

2. Ser argentino con cinco años de ejercicio de la
ciudadanía.

3. Tener dos años de residencia en la Provincia inmediatos
anteriores a la designación.

4. Tener tres años de ejercicio como abogado, magistrado
o funcionario judicial.

DESIGNACION Y REMOCION

Artículo 217.- El Procurador General
es designado por el Consejo rido en el Art. 204o y destituído por
el procedimiento del juicio político, por las causales establecidas en
el Capítulo Primero.

Los demás funcionarios del ministerio público son
nombrados, sancionados y destituídos de acuerdo al Art. 222o, por iguales
causales.

FUNCIONES

Artículo 218.- El ministerio público
tiene las siguientes funciones:

1. Prepara y promueve la acción judicial en defensa
del interés público y los derechos de las personas.

2. Promueve y ejercita la acción penal pública, sin
perjuicio de los derechos que las leyes acuerdan a otros funcionarios
y particulares.

3. Asesora, representa y defiende a los menores, incapaces,
pobres y ausentes.

4. Custodia la jurisdicción y competencia de los tribunales,
la eficiente prestación del servicio de justicia y procura ante aquellos,
la satisfacción del interés social.

5. Las demás funciones que la ley le asigna.

ASISTENCIA

Artículo 219.- Los funcionarios del
ministerio público visitan regularmente las ciudades, pueblos y parajes
alejados, para asistir legalmente a los menores y a las personas necesitadas.
La ley instrumenta los medios.

CAPITULO V

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

COMPOSICION – FUNCIONAMIENTO

Artículo 220.- El Consejo de la Magistratura
se integra con el presidente del Superior Tribunal de Justicia, el Procurador
General o un presidente de cámara o tribunal del fuero o circunscripción
judicial que corresponda al asunto en consideración según lo determina
la ley; tres legisladores y tres representantes de los abogados de la
circunscripción respectiva. Para elegir jueces especiales letrados, lo
integra un presidente de Cámara Civil.

El Presidente del Superior Tribunal de Justicia convoca
al Consejo, lo preside con doble voto en caso de empate. La asistencia
es carga pública. Las resoluciones se aprueban por mayoría simple de votos.
Las sesiones se realizan en el asiento de la circunscripción judicial
interesada.

ELECCION DE LOS MIEMBROS

Artículo 221.- Los miembros del Consejo
de la Magistratura son elegidos de la siguiente forma:

1. Los legisladores en la forma que determina la Legislatura.

2. Los abogados, mediante elección única, directa,
secreta y con representación de la minoría, en forma periódica y rotativa,
entre los inscriptos y habilitados para el ejercicio de la profesión,
con residencia habitual en la circunscripción, bajo el control de la institución
legal profesional de abogados de la circunscripción respectiva, conforme
a la reglamentación legal.

FUNCIONES

Artículo 222.- El Consejo de la Magistratura
tiene las siguientes funciones:

1. Juzga en instancia única y sin recurso, en los
concursos para el nombramiento de magistrados y funcionarios judiciales
y los designa. La ley fija el procedimiento que favorezca la igualdad
de oportunidades y la selección por idoneidad de los postulantes.

2. Recibe denuncias por las causales ridas en
el Capítulo Primero de esta Sección, sobre el desempeño de magistrados
y funcionarios judiciales no pasibles de ser sometidos a juicio político.
Instruye el sumario a través de uno o más de sus miembros, con garantía
del derecho de defensa, y conforme a la ley que lo reglamente. Puede suspender
preventivamente al acusado, por plazo único e improrrogable.

3. Aplica sanciones definitivas, con suspensión en
el cargo conforme la reglamentación legal.

4. Declara previo juicio oral y público por el procedimiento
que la ley determina, la destitución del acusado y en su caso, la inhabilidad
para ejercer cargos públicos, sin perjuicio de las penas que puedan corresponderle
por la justicia ordinaria.

CAPITULO VI

IMPERIO DE SUS FALLOS –
POLICIA JUDICIAL

Artículo 223.- El Poder Judicial
dispone de la fuerza pública para la ejecución de sus decisiones. Las
autoridades deben prestar inmediata colaboración a los jueces y funcionarios
judiciales.

Organiza la policía judicial con capacitación técnica
para la investigación y participación en los procedimientos.

CAPITULO VII

AUTARQUIA PRESUPUESTARIA

Artículo 224.- El Poder Judicial
formula su proyecto de presupuesto y lo envía a los otros dos Poderes.
Dispone directamente de los créditos del mismo. Fija las retribuciones.
Nombra y remueve a sus empleados, conforme a la ley.

SECCION SEXTA

PODER MUNICIPAL

CAPITULO I

REGIMEN MUNICIPAL

AUTONOMIA

Artículo 225.- Esta Constitución
reconoce la existencia del Municipio como una comunidad natural, célula
originaria y fundamental de la organización política e institucional de
la sociedad fundada en la convivencia. Asegura el régimen municipal basado
en su autonomía política, administrativa y económica. Aquellos que dictan
su propia Carta Orgánica municipal gozan además de autonomía institucional.

La Provincia no puede vulnerar la autonomía municipal
consagrada en esta Constitución y, en caso de superposición o normativa
contradictoria inferior a la Constitución, prevalece la legislación del
Municipio en materia específicamente comunal.

Solamente pueden intervenirse por ley en caso de acefalía
total o cuando expresamente lo prevea la Carta Orgánica. En el supuesto
de acefalía total debe el interventor disponer el llamado a elecciones
conforme lo establece la Carta Orgánica o en su defecto la ley.

MUNICIPIOS

Artículo 226.– Toda población con
asentamiento estable de más de dos mil habitantes constituye un Municipio.

LIMITES – EJIDOS COLINDANTES

Artículo 227.- La Legislatura determina
los límites territoriales de cada Municipio, tendiendo a establecer el
sistema de ejidos colindantes sobre la base de la proximidad geográfica
y posibilidad efectiva de brindar servicios municipales.

Toda modificación ulterior de los límites se hace
por ley con la conformidad otorgada por rendum popular: En caso de
anexiones, por los electores de los municipios interesados y en caso de
segregaciones, por los electores de la zona que se segregase.

CARTA ORGANICA

Artículo 228.– Los Municipios dictan
su Carta Orgánica para el propio gobierno conforme a esta Constitución,
que asegura básicamente:

1. Los principios del régimen representativo y democrático.

2. La elección directa con representación proporcional
en los cuerpos colegiados.

3. El procedimiento para su reforma.

4. El derecho de consulta, iniciativa, rendum,
plebiscito y revocatoria de mandato.

5. Un sistema de contralor de las cuentas públicas.

6. La nacionalidad argentina de los miembros del gobierno
municipal.

La Carta Orgánica es dictada por una Convención Municipal
convocada al efecto, compuesta por quince miembros elegidos según el sistema
de representación proporcional.

Para ser convencional, se requieren las mismas calidades
que para ser concejal, con idénticos derechos y sujeto a iguales incompatibilidades
e inhabilidades.

ATRIBUCIONES

Artículo 229.- El Municipio tiene
las siguientes facultades y deberes:

1. Convoca los comicios para la elección de sus autoridades.

2. Convoca a consulta, iniciativa, rendum, plebiscito
y revocatoria de mandato.

3. Confecciona y aprueba su presupuesto de gastos
y cálculo de recursos.

4. Designa y remueve a su personal.

5. Declara de utilidad pública a los fines de expropiación,
los bienes que considere necesarios, con derecho de iniciativa para gestionar
la sanción de la ley.

6. Adquiere, administra, grava y enajena sus bienes
conforme a la ley o norma municipal.

7. Contrae empréstitos con destino determinado, previa
aprobación con el voto de los dos tercios de los miembros del cuerpo deliberativo.
En ningún caso los servicios de la totalidad de los empréstitos pueden
afectar más del veinticinco por ciento de los recursos anuales ordinarios.

8. Participa con fines de utilidad común en la actividad
económica; crea y promueve empresas públicas y mixtas, entes vecinales,
cooperativas, consorcios de vecinos y toda forma de integración de los
usuarios en la prestación de servicios y construcción de obras.

9. Participa activamente en las áreas de salud, educación
y vivienda; y en los organismos de similar finalidad y otros de interés
municipal dentro de su jurisdicción y en los de competencia regional y
provincial.

10. Forma los organismos intermunicipales de coordinación
y cooperación para la realización de obras y la prestación de servicios
públicos comunes.

11. Elabora planes reguladores o de remodelación integral
que satisfagan las necesidades presentes y las previsiones de su crecimiento.

12. Organiza y reglamenta el uso del suelo de acuerdo
a los principios de esta Constitución.

13. Municipaliza los servicios públicos locales que
estime conveniente.

14. Interviene en el adecuado abastecimiento de la
población.

15. Ejerce el poder de policía e impone sanciones
en materias de su competencia.

16. Ejerce en los lugares transferidos por cualquier
título al gobierno nacional o al provincial, las atribuciones que no obstaculicen
el cumplimiento de los objetivos de utilidad nacional o provincial.

17. Las necesarias para poner en ejercicio las enumeradas
y las ridas a su propia organización y funcionamiento.

TESORO MUNICIPAL

Artículo 230.- El tesoro municipal
está compuesto por:

1. Los recursos permanentes o transitorios.

2. Los impuestos y demás tributos necesarios para
el cumplimiento de los fines y actividades propias. Pueden ser progresivos,
abarcar los inmuebles libres de mejora y tener finalidad determinada en
los casos previstos por ordenanza especial.

3. Las rentas de sus bienes propios, de la actividad
económica que realice y de los servicios que preste.

4. Lo recaudado en concepto de tasas y contribuciones
de mejoras. La alícuota se determina teniendo en cuenta, entre otros conceptos,
el servicio o beneficio recibido, el costo de la obra y el principio de
solidaridad.

5. Los créditos, donaciones, legados y subsidios.

6. Los ingresos percibidos en concepto de coparticipación.

COPARTICIPACION – LEY CONVENIO

Artículo 231.- La facultad de los
municipios de crear y recaudar impuestos es complementaria de la que tiene
la Nación sobre las materias que le son propias y las que las leyes establecen
para el orden provincial.

La Provincia y los municipios celebran convenios que
establecen:

1. Tributos concurrentes.

2. Forma y proporción de coparticipación y redistribución
de los impuestos directamente percibidos por los municipios.

3. Forma y proporción de coparticipación de los impuestos
nacionales y provinciales e ingreso por regalías que perciba la Provincia.

CAPITULO II

MUNICIPIOS SIN CARTA ORGANICA

REGIMEN LEGAL

Artículo 232.- Mientras los municipios
no dictan su Carta Orgánica se rigen por las disposiciones del presente
Capítulo.

GOBIERNO MUNICIPAL

Artículo 233.- El gobierno municipal
se divide en Poder Legislativo, Ejecutivo y de Contralor en la forma establecida
en esta Constitución y la ley que se dicte en su consecuencia:

1. Los Consejos Deliberantes están integrados por
un número no menor de tres miembros ni mayor de quince, elegidos sobre
la base de uno cada dos mil quinientos habitantes. Duran en sus funciones
cuatro años y se renuevan por mitades cada dos años. En la primera elección
se sortean los que deban cesar.

2. El Poder Ejecutivo está a cargo de un ciudadano
con el título de intendente. Se lo elige a simple pluralidad de sufragios
y en caso de empate se procede a una nueva elección. Debe tener veinticinco
años de edad como mínimo. Dura cuatro años en sus funciones y puede ser
reelegido.

3. El Poder de Contralor lo ejerce un Tribunal de
Cuentas, según el Art. 236o.

4. La ley determina las atribuciones y funciones de
cada poder.

REQUISITOS – INHABILIDADES

Artículo 234.- Para ser miembro del
gobierno municipal se requiere:

1. Ser ciudadano argentino.

2. Haber cumplido veintiún años de edad.

3. Tener cinco años de residencia en la Provincia.

4. Acreditar dos años de residencia inmediata anterior
a la elección en el ejido municipal.

No pueden ser miembros del gobierno municipal los
ciudadanos afectados por las inhabilidades del Art. 126o.

INMUNIDADES

Artículo 235.- Los funcionarios municipales
elegidos directamente por el Pueblo no pueden ser molestados, acusados
ni interrogados judicialmente en causa penal por las opiniones o votos
que emitan en el desempeño de su mandato, sin perjuicio de las acciones
que se inicien concluído éste o producido el desafuero, según el procedimiento
previsto en la ley.

TRIBUNALES DE CUENTAS

Artículo 236.- Los electores del
Municipio eligen un Tribunal de Cuentas integrado por tres miembros, que
dictamina cada seis meses sobre la correcta administración de los caudales
públicos municipales. La elección se realiza por el sistema de representación
proporcional. Para integrarlo se exigen los mismos requisitos que para
ser concejal. Los mandatos duran cuatro años.

Las facultades del Tribunal de Cuentas se determinan
por ley.

REGISTROS ELECTORALES –
EXTRANJEROS

Artículo 237.- Los registros electorales
municipales están formados por:

1. Los ciudadanos domiciliados en el ejido que figuren
inscriptos en los padrones provinciales o nacionales.

2. Por los extranjeros mayores de edad que tengan
tres años de residencia inmediata ininterrumpida en el municipio y que
soliciten su inscripción en el padrón respectivo.

El extranjero pierde su calidad de elector en el mismo
caso que los ciudadanos nacionales.

DERECHOS DE LOS ELECTORES

Artículo 238.- Los electores de los
municipios tienen los siguientes derechos:

1. De iniciativa, rendum y revocatoria.

2. Representación proporcional en los cuerpos colegiados,
conforme a los requisitos del Art. 234o.

JUNTAS ELECTORALES – ATRIBUCIONES

Artículo 239.- En cada Municipio
se constituye, con antelación suficiente a cada elección, una Junta Electoral
integrada en la forma que determina la ley y que tiene las siguientes
atribuciones:

1. Confecciona los padrones municipales, de extranjeros
y de juntas vecinales.

2. Juzga las elecciones municipales, siendo su resolución
apelable ante la justicia electoral.

JUNTAS VECINALES

Artículo 240.- Los municipios y comunas
reconocen la existencia de las juntas vecinales electivas. Se integran
para promover el progreso y desarrollo de las condiciones de vida de los
habitantes y sus vecindarios.

Las autoridades de las juntas vecinales tienen derecho
a participar con voz en las sesiones de los cuerpos de liberativos únicamente
en los problemas que les incumben en forma directa. Pueden administrar
y controlar toda obra o actividad municipal que se realiza en la esfera
de sus delimitaciones vecinales, en colaboración y dependencia con los
gobiernos municipales y comunales, de acuerdo a las reglamentaciones.

CAPITULO III

COMUNAS

Artículo 241.- Toda población con
asentamiento estable de menos de dos mil habitantes constituye una Comuna.
La ley determina su organización, su competencia material y territorial,
asignación de recursos, régimen electoral y forma representativa de gobierno
con elección directa de sus autoridades.

NORMAS COMPLEMENTARIAS

DISPOSICIONES COMUNES

Artículo 1.- Los magistrados, funcionarios
y agentes públicos deben residir en el territorio de la Provincia.

Artículo 2.- Queda prohibido acumular,
en una persona, dos o más empleos, aunque uno sea provincial y el otro
u otros nacionales o municipales, con las excepciones que establece la
ley.

Artículo 3.- En todos los casos en
que esta Constitución se refiera a la población a cualquier efecto, ésta
se determina de acuerdo al último censo nacional, provincial o municipal
aprobado.

NORMAS DE INTERPRETACION

Artículo 4.- Se entiende que la expresión
"funcionarios judiciales" corresponde al cargo de secretario
de primera instancia en adelante e incluye a los funcionarios del ministerio
público.

Artículo 5.- La expresión "agentes
públicos" se refiere a los empleados y funcionarios electivos o no
de todos los poderes del Estado, los municipios, comunas y demás órganos
descentralizados.

Artículo 6.- En todos los casos en
que esta Constitución, o las leyes que en su consecuencia se dicten, prevean
la residencia en el territorio de la Provincia, región, distrito o circuito,
como requisito para acceder a cargos públicos, se entiende que la misma
no queda interrumpida por ausencias causadas en virtud de servicios prestados
al Municipio, a la Provincia o a la Nación, en sus organismos o en los
internacionales de los que la Nación forma parte, o por impedimentos ilegítimos
del goce de los derechos y libertades que establecen la Constitución Nacional
y esta Constitución.

Artículo 7.- La condición de nativo
de la Provincia exime en todos los casos del cumplimiento del requisito
de residencia, para acceder a los cargos que lo requieran, electivos o
no, salvo cuando se exija residencia inmediata anterior.

REIVINDICACIONES PROVINCIALES

Artículo 8.- El gobierno provincial
reivindicará, dentro de los dos años de la sanción de esta Constitución,
los límites fijados en la misma, los que son la base de los acuerdos interprovinciales
y de la interposición de las acciones.

Merecen especial consideración la reivindicación,
deslinde y amojonamiento de los territorios afectados por la errónea traza
del meridiano diez grados oeste de Buenos Aires, el paralelo cuarenta
y dos grados de latitud sur, el dominio sobre el lago Nahuel Huapi, isla
Victoria e islas sobre los cursos de los ríos Colorado, Neuquén y Limay.

La Provincia desconoce expresamente la existencia
de la denominada ley de facto No 18.501.

Artículo 9.- La Provincia reivindicará
ante el Congreso de la Nación la derogación de la ley de facto No 17.574,
y la sanción de una nueva ley que restituya al complejo Chocón-Cerros
Colorados las finalidades de la ley No 16.882, y a la Provincia los derechos
que la misma le reconoció.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
CORRESPONDIENTES AL ART. 11º

Artículo 10.- A los efectos del Art.
11º de esta Constitución, se realizará el siguiente procedimiento para
la relocalización de la nueva capital provincial:

1. Los proyectos respectivos serán remitidos al Poder
Ejecutivo a los efectos del inciso siguiente.

2. Dentro del término de ciento ochenta días de sancionada
esta Constitución, el Poder Ejecutivo implementará un organismo específico
integrado con miembros propuestos por los partidos políticos con representación
legislativa en forma proporcional, y con expresión regional de toda la
Provincia.

Dicho organismo se crea a los efectos del traslado
de la Capital Federal al área cedida por ley No 2.086, con las siguientes
atribuciones y sin perjuicio de otras que se le asignen:

a. Propondrá la celebración de acuerdos con el gobierno
federal para el financiamiento de la nueva capital provincial, según el
Art. 4º de la ley No 23.512.

b. Determinará el tiempo de la real y efectiva federalización
del territorio mencionado y la instalación de los poderes nacionales,
de manera de coincidir con la instalación de los poderes provinciales
en la nueva capital.

c. Realizará los estudios y proyectos para localizar
la futura capital dentro de cada una de las tres zonas siguientes: Alto
Valle incluyendo Valle Azul; Línea Sur, desde Ing. Jacobacci hasta Sierra
Colorada; y Valle Medio. En el Alto Valle deberá determinar dos localizaciones
como mínimo.

d. Difundirá los estudios y proyectos para conocimiento
del Pueblo de la Provincia, por un plazo no menor de sesenta días antes
de ser convocado al plebiscito.

e. Construído aproximadamente el cincuenta por ciento
de los locales e instalaciones ridas en el Art. 5º de la ley No 23.512,
requerirá al Poder Ejecutivo la convocatoria a un plebiscito obligatorio.
La voluntad popular determinará en él, en votación no coincidente con
otro acto eleccionario, la ubicación de la nueva capital provincial entre
las localizaciones determinadas por el organismo.

3. Si alguna de las propuestas presentadas obtuviere
mayoría absoluta en el plebiscito, será considerada capital a los efectos
del inciso 5.

4. Si ninguna obtuviere la mayoría absoluta, dentro
de los treinta días del plebiscito anterior deberá efectuarse uno nuevo
y obligatorio con las dos localizaciones más votadas, resultando elegida
la que obtuviera la mayoría de los votos.

5. Aprobado el plebiscito la Legislatura declarará
Capital de la Provincia a la localización que haya obtenido la mayoría,
a partir de la federalización del nuevo distrito federal, quedando reformado
el Art. 11º de esta Constitución.

Artículo 11.- Hasta tanto se produzca
la plena federalización prevista en el Art. 5º de la ley No 23.512, rigen
en el territorio cedido por ley No 2.086 las disposiciones legales actualmente
vigentes, esta Constitución y las normas que en su consecuencia se dicten.

Artículo 12.- La extensión y los
límites de la Provincia quedan sujetos a la plena federalización del territorio
cedido por ley No 2.086 y prevista en la ley No 23.512.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
CORRESPONDIENTES AL

PODER JUDICIAL

Artículo 13.- Los entes y el régimen
de designación y remoción de magistrados y funcionarios judiciales previstos
por la anterior Constitución, seguirán operando como tales hasta el treinta
y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y ocho, salvo que antes
de esa fecha entren en funcionamiento los organismos que determina esta
Constitución.

Artículo 14.- Hasta que se reglamente
por la Legislatura la atribución de competencia a los tribunales de grado
en materia contencioso-administrativa, ésta será ejercida por las Cámaras
en lo Civil y Comercial de cada circunscripción judicial, con apelación
ordinaria ante el Superior Tribunal de Justicia. Igualmente en materia
contencioso-administrativa laboral, tendrán competencia exclusiva en instancia
única las Cámaras del Trabajo de cada circunscripción judicial.

La competencia territorial está sujeta a las disposiciones
generales del Art. 209º de esta Constitución.

Artículo 15.- Para la localización
de los juzgados de la Justicia Especial Letrada se atenderá prioritariamente
a los criterios de cobertura general del servicio de justicia, población,
distancia, dificultades de las vías de comunicación y medios de transporte
respecto del asiento de las circunscripciones judiciales.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
Y TRANSITORIAS DEL

REGIMEN MUNICIPAL

Artículo 16.- Los municipios que
a la fecha de la sanción de esta Constitución estuvieren reconocidos como
tales, aún cuando no alcancen el mínimo de habitantes que ésta establece,
conservarán su carácter de municipios.

Artículo 17.- El régimen de gobierno
y los mandatos de las actuales autoridades municipales, elegidas conforme
a la Constitución anterior, continúan vigentes hasta el diez de diciembre
de mil novecientos ochenta y nueve.

Artículo 18.- A fin de garantizar
el respeto a la voluntad popular en todos los municipios de la Provincia
cuando se elijan cuerpos deliberativos, se dispone que a partir de la
próxima elección local de autoridades municipales, se asigne la presidencia
de los mismos al concejal de la lista partidaria más votada en dichas
elecciones.

La misma disposición se aplica en los cuerpos deliberativos
que la ley establezca para las comunas.

Artículo 19.- Lo preceptuado en esta
Constitución con rencia a las autoridades municipales tiene vigencia
a partir de la próxima elección, pero por esa única vez todos los mandatos
de los candidatos que resultaren electos en 1989 duran dos años. Esta
norma alcanza a los municipios que hasta la fecha de convocatoria a comicios
no hubieran sancionado su Carta Orgánica.

Artículo 20.- En el plazo de un año,
a partir de la sanción de la presente Constitución, los municipios podrán
comenzar a percibir el impuesto inmobiliario coparticipando a la Provincia
de acuerdo a la ley-convenio que se dicte sobre la materia de acuerdo
a lo establecido en esta Constitución.

Artículo 21.- El Poder Ejecutivo
regularizará la situación jurídica del conjunto de las tierras fiscales
rurales en un plazo no mayor de seis años a partir de la fecha de sanción
de la presente Constitución.

Vencido ese plazo todas las tierras fiscales no regularizadas
pasarán al dominio del Municipio que correspondan.

Los municipios que no estén en condiciones de regularizar
la situación de las tierras fiscales pertenecientes a su ejido, podrán
firmar convenios con la Provincia a efectos que ésta continúe con el trámite
correspondiente.

La Provincia otorgará los títulos de propiedad de
las tierras fiscales que sean solicitadas por los municipios para obras
de interés municipal o ampliación de sus plantas urbanas.

Se priorizará la titularización de las tierras ocupadas
por los indígenas, comunidades o familias que las trabajan, sin perjuicio
de las nuevas extensiones que se les asignen.

PLAZOS LEGISLATIVOS

Artículo 22.- La Legislatura dicta,
en los plazos que en cada caso se indican, las leyes que dispongan:

1. En el término de sesenta días: la modificación
del actual sistema de acefalía, adecuándolo a las previsiones de esta
Constitución; en ese lapso continuará vigente la normativa actual. Atento
a la creación del cargo de vicegobernador, en el caso que la designación
se efectúe dentro del actual mandato legislativo, la misma se ajustará
al procedimiento del inciso 6. y concordantes del Art. 180º de esta Constitución.

2. En el término de seis meses: que las posibilidades
normales del esfuerzo de los trabajadores representan para las actuales
circunstancias una máxima jornada de labor en base a las cuarenta y cuatro
horas semanales, sin perjuicio del reconocimiento de horarios inferiores
que la legislación admite para la administración pública.

3. En el plazo de un año:

a. Las normas que ordena dictar esta Constitución
en los capítulos de régimen municipal y de régimen electoral.

b. El código de procedimiento minero.

4. En el plazo de dos años:

a. La creación de los entes de desarrollo de la Línea
Sur y General Conesa. Las sedes de los mismos se establecerán en las localidades
de Maquinchao y en el Departamento Gral. Conesa, respectivamente. Anualmente
se les asignará un presupuesto mínimo del 2,5% y del 1,25% respectivamente
de las rentas generales de la Provincia. Tendrán una vigencia mínima de
veinte años.

b. Las normas que pongan en vigencia o reglamenten
las funciones del Poder Judicial establecidas en esta Constitución.

c. La normativa del Art. 61º y concordantes, en cuya
elaboración y tratamiento se deberá contar con el asesoramiento de los
representantes de expresiones culturales con arraigo popular.

5. En el plazo de tres años: la creación y funcionamiento
de los juzgados de Justicia Especial Letrada en las localidades de El
Bolsón, Catriel, Los Menucos, San Antonio Oeste y Lamarque. Cumplido lo
anterior deberá procederse a la creación y puesta en funcionamiento de
los juzgados de Justicia Especial Letrada, prioritariamente, en las localidades
de General Conesa, Ingeniero Jacobacci, Río Colorado, y otros que se entiendan
necesarios.

6. En el actual mandato legislativo:

a. El régimen previsional.

b. La modificación del régimen de Fiscalía de Estado
y Contaduría General; los actuales titulares de esos organismos continuarán
en funciones hasta la sanción de dichas normas.

c. Las normas orgánicas del Tribunal de Cuentas, Fiscalía
de Investigaciones Administrativas y Defensor del Pueblo. El Tribunal
de Cuentas ejercerá las funciones de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas
hasta tanto se organice la misma y se designe su titular.

7. En el plazo de cinco años: la obligación de las
empresas públicas o privadas y todo otro organismo que, fehacientemente,
afecte el medio ambiente, de regularizar su situación y cumplir con las
normas de esta Constitución.

Todos los plazos establecidos se entienden a partir
de la sanción de esta Constitución.

NORMAS FINALES

Artículo 23.- El presidente de la
Convención Constituyente, con el auxilio del secretario respectivo, está
facultado para realizar todos los actos administrativos que reconozcan
como origen el funcionamiento y disolución de esta Convención.

Los integrantes de la Comisión Redactora y Preámbulo
tienen a su cargo el cuidado de la publicación de esta Constitución en
el Boletín Oficial y, en su caso, la fe de erratas.

Artículo 24.- El texto constitucional
sancionado por esta Convención Constituyente reemplaza al hasta ahora
vigente.

Esta Constitución regirá a partir del día cuatro de
junio de mil novecientos ochenta y ocho.

Quedan automáticamente derogadas las prescripciones
normativas opuestas a esta Constitución.

Artículo 25.- Esta Convención queda
disuelta a las veinticuatro horas del día tres de junio de mil novecientos
ochenta y ocho.

Artículo 26.- Los miembros de esta
Convención juran el cumplimiento de esta Constitución antes de disolver
el Cuerpo.

Se invita al Pueblo de la Provincia a jurar su cumplimiento
el día veinte de junio de mil novecientos ochenta y ocho; antes la juran
los Poderes del Estado.

Téngase por sancionada y promulgada esta Constitución
como Ley fundamental de la Provincia. Regístrese, publíquese y comuníquese
a los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, para su cumplimiento.
Viedma, 3 de junio de 1988.

Presidente: LUIS OSVALDO ARIAS;

Vicepresidente primero: JOSE MARIA CORDOBA;

Vicepresidente segundo: SANTIAGO NILO HERNANDEZ

 

EDMUNDO CRISPOLO AGUILAR; EDGARDO JUAN ALBRIEU; JUAN
AGUSTIN ARTURO; NESTOR RUBEN BELMONTE; JORGE OSCAR BERNARDI;
EDGARDO ALFONSO BUYAYISQUI; ROSARIO CALA LESINA; HIPOLITO
ROBERTO CALDELARI; GRACIELA NELVA CAMPANO; EMILIO EUGENIO
CAROSIO; GUSTAVO FEDERICO CASAS; RUBEN LISARDO CRESPO; OSCAR
EDMUNDO DE LA CANAL; MIGUEL ALBERTO GONZALEZ; MIGUEL ANGEL IRIGOYEN; GREGORIO CESAR ITURBURU;
WLADIMIRO IWANOW; CARLOS
ALFREDO LEON; CARLOS ALFREDO LEON; ANTONIO MANZANO; ROBERTO
MARIANI; GUSTAVO ADRIAN MARTINEZ; SALVADOR LEON MATUS; MARTA
ESTER MAYO; CARLOS OLIVIERI; HORACIO NELLO PAGLIARICCI;
RODOLFO OSCAR PONCE DE LEON; ERNESTO OSCAR REYES; RODOLFO
LAUREANO RODRIGO; JORGE FRANCISCO SCHIERONI; DANIEL ALEJANDRO
SEDE; RICARDO JOSE SOTOMAYOR; MIGUEL ANTONIO SRUR; ENRIQUE
ALBERTO URANGA.

 

Secretarios

OVIDIO NAZARIO CASTELLO; OSCAR JORGE RODRIGUEZ; HECTOR
ABEL

SANCHEZ; RAMON ADEMAR SICARDI; JUAN CARLOS VASSELLATI.

 

 

Informe Final de la Comisión Redactora

 

 

Sr. Presidente:

 

La Comisión Redactora y Preámbulo tiene el honor de
entregar a Ud. el texto completo y definitivo de
la Constitución de la Provincia de Río Negro, sancionado en
la ciudad de Viedma el día tres de junio de mil novecientos ochenta
y ocho.

El presente constituye el Registro Especial previsto
en el Art. 95o del Reglamento Interno.

La Reforma Constitucional insertada contiene 241 artículos
en su texto permanente y un último apartado
de Normas Complementarias que contiene veintiseis artículos.

La Comisión Redactora dictamina, por unanimidad,
que el texto precedente es el que debe publicarse
como versión oficial de la Constitución. Corresponde notificar
al Boletín Oficial que ordene la publicación de acuerdo al Art.
23o de las Normas Complementarias y que se autoriza a sus miembros
a la corrección final y cuidado de la misma. Cumplido lo
cual, se cierra la labor y el presente Registro Especial, leído
y firmado en su totalidad, en San Carlos de Bariloche a ocho
días de junio de mil novecientos ochenta y ocho.

 

MIGUEL ANTONIO SRUR RUBEN LISARDO CRESPO

Presidente Vicepresidente

 

GUSTAVO ADRIAN MARTINEZ

Secretario

 

EDMUNDO CRISPOLO AGUILAR JORGE OSCAR BERNARDI

SALVADOR LEON MATUS ERNESTO OSCAR REYES

CARLOS OLIVIERI RODOLFO OSCAR PONCE DE LEON